La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, habló sobre la polémica por la modificación del esquema de cofinanciación del Tren de Zipaquirá o Regiotram del Norte.
La controversia se desató después de la firma del documento de Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4190, en el que se señala que la Nación asumirá cerca del 81,6 % del costo total del proyecto y se hizo notoria la ausencia de Bogotá en el esquema de cofinanciación.
La funcionaria aseguró que el proyecto no está detenido, cuenta con aval financiero total y la capital del país sigue siendo el principal escenario y beneficiario. “Es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país con una inversión de $ 17,36 billones“, dijo.
“No podíamos permitir que el cronograma de licitación de esta administración sufriera más retrasos”, añadió.
De la misma forma, Molina señaló que la expedición del Conpes 4190 es un aspecto de rigor técnico que protege la integridad del proceso y asegura que la operación inicie en 2034.
Asimismo, también se refirió a la información que habla de dudas técnicas pendiente y dejó en claro que el proceso ya se surtió formalmente en 2025. “Es imperativo precisar que las 54 observaciones formuladas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá ya fueron atendidas en su totalidad“, comentó.
“Realizamos mesas temáticas donde 40 puntos fueron aclarados, 11 se incorporaron como mejoras y tres quedaron como compromisos para fases posteriores. El argumento de que hay temas sin resolver no corresponde al estado real del proceso”, complementó.
La directora de Planeación Nacional también afirmó que la ausencia de Bogotá en el convenio de cofinanciación en este momento no implica su salida del proyecto.
Incluso, recordó que 11 de las 17 estaciones y el Centro de Control Operacional estarán en la capital del país. Por lo mismo, sostuvo que la Nación tomó una decisión responsable al asegurar el 81,61 % de la financiación para que el tren vaya.
“La puerta permanece abierta para que el Distrito incorpore sus recursos en cualquier momento, especialmente para potenciar el urbanismo y la inserción urbana en la capital“, manifestó.
Por último, indicó que la entidad que dirige siempre intenta actuar con la mayor independencia con el objetivo de garantizar que la política pública sea sostenible.
“Trabajamos para que el proyecto avance con celeridad y para que Bogotá sea un socio activo. La ruta está clara y el compromiso con los ciudadanos de la región es innegociable“, concluyó.
Es de recordar que el secretario general de Bogotá, Miguel Silva Moyano, se mostró inconforme por estas recientes decisiones y dejó en claro que al Distrito no le gustó que no se le haya informado antes.
“Para que este proyecto realmente funcione bien se requiere la coordinación con Bogotá. Esto a las malas sale mal. (...) La concertación es clave: el impacto urbanístico, las intersecciones y la integración al sistema de transporte no son temas menores“, señaló.
Por ahora, resta esperar para ver cómo avanza esta nueva diferencia que hay entre la administración de Carlos Fernando Galán y el gobierno del presidente Gustavo Petro.