La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios servidores y exservidores de la Secretaría Distrital de Seguridad por presuntas irregularidades en la planeación y suscripción de un contrato destinado a fortalecer el sistema de videovigilancia de la capital.
La decisión del Ministerio Público se relaciona con el contrato SCJ-1904-2023, cuyo valor supera los 14.300 millones de pesos y que tenía como objetivo la instalación de un sistema de reconocimiento automático de placas vehiculares (LPR) para mejorar las capacidades de seguridad y control en la ciudad.
Entre los investigados se encuentran los funcionarios y exfuncionarios Óscar Antonio Gómez Heredia, César Andrés Restrepo Flórez, Diana Carolina Zárate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Hersayn Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez Blanco.
De acuerdo con el análisis preliminar realizado por el ente de control, se habrían presentado posibles deficiencias en la etapa de planeación del contrato, particularmente en aspectos clave para la ejecución del proyecto. Entre ellos figuran la definición de los puntos específicos donde debían instalarse las cámaras, la disponibilidad de acometidas eléctricas para su funcionamiento, la gestión de permisos necesarios para intervenir el espacio público y la estimación real del tiempo requerido para ejecutar las obras.
Según la Procuraduría, estas falencias habrían derivado en retrasos, suspensiones y prórrogas contractuales, lo que podría afectar la eficiencia del proyecto y el cumplimiento del objetivo principal: fortalecer el sistema de videovigilancia y apoyar las estrategias de seguridad en Bogotá.
La investigación disciplinaria fue asumida por la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, despacho que ordenó la práctica de diversas pruebas técnicas y documentales para esclarecer lo ocurrido. En estas diligencias participará la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que apoyará el análisis de la información recolectada.
El objetivo de estas actuaciones es establecer si las dificultades detectadas durante la ejecución del contrato eran previsibles desde la fase de planeación, lo que podría configurar eventuales responsabilidades disciplinarias de los funcionarios involucrados.
Adicionalmente, el Ministerio Público dispuso compulsar copias para adelantar una investigación separada relacionada con posibles irregularidades durante la ejecución del contrato.
Con este proceso disciplinario, la Procuraduría busca determinar si existieron fallas en la gestión contractual que hayan afectado el desarrollo del proyecto y el uso de los recursos públicos destinados a mejorar la seguridad y la vigilancia tecnológica en la capital del país.