Lo que comenzó como una protesta por falta de mantenimiento y promesas incumplidas en la vía a La Mesa de Los Santos escaló a una confrontación sostenida entre la comunidad y la Gobernación de Santander.
Desde mediados de octubre, las talanqueras del peaje La Punta permanecen levantadas como símbolo de rechazo al cobro, que los residentes califican de “ilegal e injusto”.
Quienes hacen parte de las manifestaciones afirman que la carretera principal —ruta habitual de turistas hacia la Mesa de Los Santos— no ha recibido las mejoras ni el mantenimiento prometidos, y por eso consideran absurdo pagar por transitar por una vía en mal estado, sin iluminación ni garantías de seguridad. Esa queja es central en las asambleas ciudadanas, en las que exigen “No más peaje”.
La discusión tiene además un componente jurídico relevante: la Procuraduría General de la Nación pidió a un juez la suspensión provisional de la ordenanza 049, del 23 de diciembre de 2024, por medio de la cual la Asamblea de Santander incorporó una “tasa-peaje”, para ese trato.
El argumento del Ministerio Público es que la competencia para establecer y recaudar peajes corresponde al Gobierno Nacional, no a los departamentos. Por esa razón, solicitó la medida cautelar mientras el Tribunal Administrativo de Santander revisa la legalidad del acto.
Esa intervención de la Procuraduría alimentó la protesta: los líderes comunitarios sostienen que, durante más de 20 años de cobro, no hubo ejecución clara de las obras prometidas ni transparencia sobre el uso de esos recursos. En demandas presentadas por veedurías locales se afirma que millones de pesos fueron recaudados sin que se reflejen mejoras equivalentes en la malla vial.
Frente a estas denuncias, el gobernador Juvenal Díaz Mateus ha defendido la iniciativa. Según las declaraciones oficiales, los recursos del peaje están destinados a programas sociales y al mantenimiento de vías terciarias —incluida señalización y labores en sectores que antes no contaban con presupuesto— y por eso la administración argumenta que no se puede suspender el recaudo sin afectar proyectos en la región. Esa posición fue expuesta por funcionarios del departamento durante los intentos de diálogo.
Sin embargo, el ambiente en el sitio se volvió tenso durante las intervenciones oficiales. El 12 y 14 de noviembre hubo episodios de choque verbal entre delegados de la Gobernación y representantes del movimiento ciudadano; la presencia de numerosos efectivos de la Policía y de funcionarios del departamento elevó la confrontación hasta el punto de que la Defensoría del Pueblo intervino para mediar y reactivar las mesas de diálogo.
Los líderes exigen la presencia personal del gobernador en las negociaciones y rechazan lo que consideran una presencia sorpresiva de autoridades con intención de desalojar la protesta.
Las autoridades insisten en que no existe un bloqueo total de la vía principal: quienes circulan hacia y desde La Mesa de Los Santos pueden transitar libremente, pues la protesta se ha concretado en mantener las talanqueras arriba y suspender el recaudo, más que en cortar el paso.