Con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia, el Concejo de Cali abrió un intenso debate de control político sobre la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad. Los concejales advirtieron que la situación es insostenible, con más de 750 homicidios en lo corrido del año, y exigieron la intervención del Gobierno Nacional ante lo que calificaron como un “fracaso en la política distrital de seguridad”.
La sesión, priorizada por el presidente del Concejo, Edison Lucumí Lucumí, contó con la presencia del secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García Guerrero; el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yecid Bello Cubides; y representantes de las secretarías de Paz, Educación, Bienestar Social y Gobierno, además del presidente de Metrocali, Álvaro José Rengifo.
El debate, que debía realizarse el 8 de octubre, fue anticipado por solicitud del concejal Marlon Andrés Cubillos Borrero, tras el registro de 31 homicidios en los dos últimos fines de semana. “Un Estado que no puede proteger la vida de sus ciudadanos ha perdido su legitimidad”, dijo Cubillos, quien propuso medidas inmediatas como un toque de queda sectorizado, retenes móviles en lugar de fijos y la interconexión de las cámaras de movilidad con los sistemas de la Policía.
“El esfuerzo de la Policía y de la Secretaría de Seguridad es insuficiente si no hay articulación con dependencias como Bienestar Social, Paz y Cultura”, afirmó el cabildante, quien advirtió que “la casa está sola, sin control, porque no hay vigilancia en las entradas y salidas de la ciudad”.
El presidente del Concejo, Edison Lucumí, alertó que la violencia mantiene a Cali por encima de Bogotá y Medellín en homicidios, y reclamó acciones más contundentes. “La proliferación de armas de fuego está disparando los asesinatos y los hurtos. Necesitamos control al porte ilegal”, sostuvo.
Por su parte, la concejal María del Carmen Londoño Sanna fue enfática en que “Cali se desangra” y señaló un “fracaso total del gobierno distrital” en la implementación de la política de seguridad. La cabildante anunció que insistirá en una moción de censura contra el secretario Jairo García Guerrero. “A finales de 2024 la tasa de homicidios era de 41,1 por cada 100 mil habitantes, seis veces más que la de Manizales y tres veces más que la de Medellín. Hoy sigue siendo la más alta del país”, afirmó.
Londoño propuso reemplazar 40 cámaras de fotomultas por equipos de vigilancia enfocados en seguridad ciudadana y exigió un plan integral con recursos suficientes para 2026.
El concejal James Junior Agudelo pidió conocer los móviles de los homicidios y cuestionó los vacíos institucionales en municipios cercanos como Jamundí, Buenaventura y Tuluá. “Si no hay coordinación metropolitana, los esfuerzos son parciales. La violencia se traslada de un territorio a otro”, advirtió.
En su intervención, el concejal Roberto Ortiz Urueña señaló que Cali enfrenta dos crisis: una de inseguridad alimentada por el microtráfico y el lavado de activos, y otra en la Universidad del Valle, que según dijo “requiere atención del Gobierno Nacional”. “El alcalde no puede seguir ignorando las alertas tempranas sobre seguridad”, sostuvo Ortiz.
Fabio Alonso Arroyave Botero coincidió en que la raíz del problema es estructural y tiene relación con el narcotráfico. “El poder del narcotráfico desborda la capacidad local. Sin inversión social en jóvenes y programas de prevención del consumo, no habrá resultados sostenibles”, afirmó.
Alexandra Hernández Cedeño llamó la atención sobre el aumento nacional de homicidios y su impacto en Cali. “Los asesinatos subieron 4 % en el país y 8 % en Cali. Nuestra ubicación geográfica y la deuda social con los territorios agravan la situación. Hay que coordinar con la Nación para frenar el ingreso de armas y el tráfico de drogas”, puntualizó.
El concejal Rodrigo Salazar Sarmiento destacó que la política de seguridad debe ser “multidimensional” y basada en datos verificables. “En Cali se maquillan cifras para mostrar resultados positivos. Eso destruye la confianza ciudadana”, denunció.
A su turno, Rafael Andrés Escobar González advirtió que sin presupuesto real, la política de seguridad será “solo un documento de papel”. Pidió focalizar acciones en comunas críticas como la 15 y la 18, donde persisten los homicidios y hurtos. “Si vamos a la percepción ciudadana, la realidad es otra. En seguridad no hay neutralidad: o se está del lado del orden o del caos”, dijo.
Finalmente, el concejal Edison Giraldo Hoyos reclamó la presencia del ministro de Defensa en el debate y cuestionó la reducción del presupuesto nacional para seguridad en Cali. “El terrorismo y la violencia son competencia de la Nación. El pie de fuerza está incompleto y el presupuesto se recortó un 20 %. Alrededor de la ciudad crecen los cultivos ilícitos y no hay respuesta del Gobierno”, concluyó.
El debate continuará este miércoles a las 10:00 a. m., con la expectativa de nuevas decisiones y exigencias de los cabildantes para enfrentar la grave crisis de seguridad que vive Cali.