La escalada de acciones violentas contra Urbaser, empresa encargada de la prestación del servicio de aseo en Popayán y de la operación del relleno sanitario de la ciudad, mantiene en alerta a sus directivos por el riesgo que enfrentan los trabajadores y por las dificultades que estos hechos generan en la recolección de residuos.
Pablo Felipe Arango, secretario general de Urbaser, aseguró que desde hace aproximadamente seis meses la compañía viene recibiendo amenazas y siendo blanco de ataques contra su infraestructura y sus operarios. De acuerdo con el directivo, durante este periodo han sido incinerados dos vehículos recolectores y uno de los automotores de la compañía fue atacado con arma de fuego mientras transitaba por carretera.
La situación tuvo un nuevo episodio durante el pasado fin de semana, cuando desconocidos hicieron explotar un artefacto en las instalaciones operativas de la empresa, provocando daños en los vehículos destinados a la prestación del servicio.
“Durante estos seis meses nos han incinerado dos carros, un vehículo compactador. Es un activo absolutamente necesario para la prestación del servicio y es un activo sumamente costoso. Como en teoría de ellos o en versión de ellos no atendimos sus reclamos, luego recibimos un atentado con arma de fuego en medio de la carretera y ahora último, el fin de semana pasado, el domingo al amanecer, hicieron explotar un petardo en nuestras instalaciones operativas, nuevamente afectando los vehículos”, señaló Arango.
El secretario general de Urbaser explicó que estos hechos han obligado a la compañía a adoptar medidas que terminan afectando la operación, debido a que la prioridad es evitar que los trabajadores queden expuestos a nuevos ataques.
“Eso, por supuesto, lo que ha provocado son dificultades en la prestación y en algunas ocasiones incluso dejación de la prestación del servicio por parte nuestra, porque obviamente no podemos exponer todavía más a nuestros colaboradores”, sostuvo.
Amenazas atribuidas al ELN
Según Arango, los responsables de las amenazas y de los ataques han atribuido las acciones al ELN. Sin embargo, aclaró que la empresa no tiene certeza sobre la autoría y que las autoridades tampoco han establecido de manera definitiva qué estructura criminal estaría detrás de esta oleada violenta.
El directivo explicó que inicialmente las autoridades hablaban de la posibilidad de que se tratara de grupos armados ilegales, sin precisar necesariamente que fueran estructuras guerrilleras. No obstante, señaló que en las últimas semanas también ha cobrado fuerza la hipótesis de que detrás de las intimidaciones estaría un grupo insurgente.
“Esta situación ha sido atribuida por las personas que las han cometido al ELN. Las autoridades, aunque en principio también manifiestan el mismo asombro, tampoco se atreven a advertirnos que no son ellos. En algunas ocasiones han sugerido que se puede tratar de grupos al margen de la ley violentos, pero no necesariamente guerrilleros. Pero en las últimas semanas han considerado la posibilidad de que efectivamente sí se trate de un grupo guerrillero”, afirmó.
Arango aseguró que los mensajes dejados después de algunos de los ataques apuntan a exigencias concretas contra la empresa. Entre ellas estaría el envío de un delegado a zonas rurales para establecer conversaciones con integrantes de esas estructuras y posteriormente acordar pagos a cambio de permitir que Urbaser continúe desarrollando sus actividades.
“Primero, enviar a un delegado a conversar con estos grupos en lo que ellos denominan las montañas de Colombia, cosa que nosotros no hemos querido porque no vamos a poner en riesgo absolutamente a nadie. Y luego, nos anticipan que eso será con el propósito de acordar unos pagos en razón de dejarnos operar de manera tranquila”, explicó el secretario general.
La compañía, según indicó, se ha negado a enviar representantes a esos lugares y tampoco ha accedido a las exigencias económicas.
Urbaser pide mayor presencia de la Fuerza Pública
Uno de los principales reclamos de la empresa está dirigido a las autoridades civiles y militares del Cauca. Arango sostuvo que la compañía necesita un acompañamiento efectivo para poder garantizar que sus trabajadores puedan movilizarse y que el servicio de aseo no tenga que ser suspendido cuando existan riesgos de seguridad.
“Cada vez que esto pasa, y mientras nosotros no recibamos acompañamiento efectivo de las autoridades de Policía y del Ejército, pues el servicio se tiene que suspender. Por eso, nosotros hemos insistido una y otra vez a las autoridades civiles y a las autoridades militares de la zona que requerimos acompañamiento”, manifestó.
Según el directivo, la Fiscalía lleva cerca de seis meses investigando las amenazas, pero hasta el momento no se han producido resultados que permitan establecer quiénes están detrás de los ataques.
“Ya llevamos seis meses en los que la Fiscalía supuestamente viene investigando el asunto para saber de dónde provienen las amenazas. Nosotros hemos suministrado teléfonos, hemos estado dispuestos a suministrar recursos y aportes para que se haga una investigación efectiva y pronta. Y hombre, pues no hay ningún resultado. A la fecha no hay ningún resultado”, cuestionó.
Arango reconoció que el Ejército actualmente acompaña algunas de las operaciones de la compañía, especialmente los desplazamientos hacia el relleno sanitario, que en determinadas ocasiones deben realizarse durante la noche debido a que la prestación del servicio funciona de manera permanente.
Sin embargo, aseguró que la presencia de la Fuerza Pública no ha eliminado el temor entre los trabajadores.
“Los colaboradores se siguen sintiendo intimidados, afectados, muchos de los cuales han entrado en crisis. Imagínese usted tener que transitar por esas carreteras con esta amenaza constante y con lo que ya nos ha sucedido. Entonces reclamamos de las autoridades mayor atención y estamos frente a un asunto que pone en riesgo la sanidad, insisto, de toda la región y de la ciudad de Popayán”, afirmó.
Advierten impacto en la salud pública
Para Urbaser, el problema generado por los atentados trasciende las pérdidas materiales de la compañía. La empresa advierte que cualquier interrupción prolongada en la recolección y disposición de residuos puede convertirse en un problema sanitario para Popayán y otros municipios atendidos desde el departamento del Cauca.
Arango calificó los ataques contra este tipo de infraestructura como una situación especialmente grave debido a que afectan directamente la prestación de un servicio básico.
“Cuando atentan contra una infraestructura como esta, atentan contra un servicio básico y la salubridad de una región. Dejar de prestar el servicio de recolección implica, como ha sucedido efectivamente, deteriorar las condiciones de salubridad de toda una ciudad y de un departamento de manera grave”, sostuvo.
El directivo explicó que, ante una eventual interrupción de la disposición de residuos, estos podrían terminar en espacios no autorizados y cuerpos de agua, aumentando los riesgos para la población.
“Si los residuos no se pueden llevar en relleno sanitario, terminan en los cuerpos de agua, terminan arrojados en los ríos, en los lagos, en las montañas. Y eso, por supuesto, es terrible y prontamente provoca malestares en la salud y en la tranquilidad de la comunidad”, indicó.
Arango insistió además en que, desde la perspectiva de la compañía, los ataques contra infraestructura destinada al saneamiento básico revisten una gravedad particular y pidió que las autoridades actúen con mayor contundencia para evitar nuevas acciones violentas.
Cada vehículo destruido puede costar hasta $1.400 millones
Los ataques también han provocado millonarias pérdidas para Urbaser. De acuerdo con Arango, cada vehículo recolector tiene un valor aproximado de entre 1.200 y 1.400 millones de pesos, y dos de estos automotores quedaron completamente destruidos.
“Un vehículo recolector está entre 1.200 y 1.400 millones de pesos. Nosotros efectivamente hemos perdido dos, de pérdida total. Los otros pues los hemos recuperado”, detalló.
Sin embargo, el secretario general sostuvo que el mayor impacto no está necesariamente en el valor económico de los automotores, debido a que cuentan con seguros, sino en la imposibilidad de reemplazarlos rápidamente y en las consecuencias que su destrucción genera sobre la operación.
“Lo que pasa es que esto genera afectaciones en la prestación inmediata. Un vehículo recolector, cuando usted lo quiere comprar, lo tiene que hacer con ocho meses de anticipación, porque esto no es como ir al concesionario y comprar uno más”, explicó.
Para Arango, los principales afectados terminan siendo los ciudadanos y los trabajadores que permanecen en el territorio.
“Las afectaciones, más que económicas, son de operación y repercuten finalmente frente a la comunidad y frente a unos operadores, unos trabajadores, que son absolutamente personas comunes y corrientes de la ciudad y del departamento que no deberían verse afectadas por eso”, concluyó.
Urbaser insiste en que requiere garantías de seguridad para mantener la prestación del servicio en Popayán y evitar que la oleada de amenazas y ataques termine afectando de manera prolongada la recolección de residuos y la disposición final de basuras en la capital caucana.