En la evaluación mensual del orden público en Antioquia, las autoridades reconocieron que el departamento fue uno de los más afectados por el paro armado que impuso el Clan del Golfo, durante cuatro días, como retaliación por la extradición de alias Otoniel hacia Estados Unidos.
Las intimidaciones y acciones terroristas de la organización ilegal llegaron al 60 % del territorio antioqueño. Es decir, en 76 municipios hubo afectaciones: quema de vehículos, confinamiento y escasez de servicios y productos.
Con base en las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Justicia, en 96 horas los miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) les prendieron fuego a 101 automotores; en su mayoría, las víctimas fueron los transportadores de carga.
En imágenes registradas por los conductores se veían las llamas dentro de los vehículos que, antes de rociar la gasolina, fueron marcados por los ilegales con las siglas de la organización criminal.
Además, durante la jornada violenta se presentaron 20 hostigamientos contra la fuerza pública, siendo el más grave el registrado en Cañasgordas, donde murieron un policía y un militar, y dos miembros de ambas instituciones resultaron gravemente heridos.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Humana de Antioquia, Luis Fernando Suárez, reveló que uno de los servicios más afectados fue la educación. “Todavía la semana pasada teníamos padres de familia que tenían temor de enviar a sus niños al colegio, esperamos que esta semana se restablezca totalmente”, dijo el funcionario.
Otro de los fenómenos que atemorizó a las comunidades fueron las pinturas rojas que plasmaron los terroristas sobre las fachadas de las viviendas donde se leía “AGC”. A pesar de que las autoridades invitaron a restarle importancia a los dibujos, las poblaciones lo interpretaron como un ultimátum de los ilegales para acatar las órdenes.
Frente a este caso, la Gobernación indicó que actualmente se trabaja con la Policía y el Ejército para intervenir las fachadas de las casas y negocios que fueron pintadas. Mientras que avanzan las conversaciones con las concesiones viales y el Instituto Nacional de Vías (Invías) para retirar los vehículos incinerados.
Tasa de homicidios
En el mismo encuentro, la Gobernación de Antioquia informó que, con corte al 30 de abril, en comparación con el mismo período de 2021, se registró una disminución del 13,9 % en muertes violentas: 99 homicidios menos.
Hay cuatro subregiones que continúan al alza: Nordeste (35), Oriente (17), Urabá (6) y Magdalena Medio (3). El secretario de Seguridad Humana explicó que la meta para este año es llegar a una cifra de 27 homicidios por 100 mil habitantes, lo que suma 1.860 homicidios. No obstante, las autoridades están desviadas del objetivo, así lo confirmó el funcionario.
“Precisamente, para alcanzar la meta se tomaron decisiones tendientes a disminuir los homicidios en las subregiones que presentan incremento y avanzar en la meta de esclarecimiento de homicidios. En esta, a corte el 30 de abril, se presenta un 28,6 % y la meta para este año es del 40 %. Se decidió continuar con la publicación de los carteles de los más buscados de las estructuras criminales que hacen presencia en el departamento y de los homicidas en cada subregión”, concluyó Luis Fernando Suárez.
Plan democracia
Con el fin de garantizar una jornada electoral sin complicaciones en materia de seguridad, la Gobernación de Antioquia presentó el Plan Democracia, que contará con la presencia de más de 10.000 hombres de la Fuerza Pública en el departamento.
El territorio tendrá a disposición, para esta primera vuelta presidencial, 1.134 puestos de votación y 12.135 mesas, para un censo electoral de 5.062.762 sufragantes.
“Hay ocho municipios priorizados, nueve de atención, ocho con riesgo moderado, habrá presencia fortalecida de los organismos de seguridad y justicia para evitar afectación al proceso electoral. Tendremos más de 2.000 hombres que garantizarán presencia en los puestos de votación del departamento”, comentó el vocero de Seguridad Humana, Luis Fernando Suárez.