La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes 18 de septiembre que acusó formalmente a cinco personas que, al parecer, estarían implicadas en presuntas irregularidades en un contrato vial, durante la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Se trata puntualmente de un contrato interadministrativo por más de 16.000 millones de pesos destinado a la recuperación e intervención de vías para el transporte público en Medellín.
Entre los procesados, según la Fiscalía, están exfuncionarios del Distrito y un contratista. Ellos son: el exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria Jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo, y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.
“Los hechos objeto de investigación están relacionados con la celebración de un contrato, entre el 28 y 29 de junio de 2023, para ejecutar obras en la comuna 10 y en los sectores Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. El objeto contemplaba diversas actividades como la demolición de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, construcción y adecuación de andenes y bahías, mantenimiento y reparación de pavimentos”, explicó el ente acusador.
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que las obras previstas fueron contratadas por la Secretaría de Movilidad, entidad que no era competente para este fin, porque es la encargada de asuntos como la semaforización y la señalización vial.
“En ese sentido, le correspondía a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros. Asimismo, quedaron en evidencia presuntas deficiencias en el análisis del sector y en los estudios previos, particularmente por la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato”, agregó la Fiscalía.
Así mismo, el ente investigador dijo haber conocido que dicha contratación se realizó de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por su cuantía, debía convocarse una licitación pública.
“Torres Ojeda habría celebrado el contrato con conocimiento de las anomalías, Zuleta Estrada es señalado de intervenir en el trámite sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales, Cuervo Sánchez presuntamente otorgó la viabilidad jurídica al proceso, y López Giraldo y Ortega Mateos, al parecer, certificaron el cumplimiento de requerimientos cuando la realidad era otra. En ese sentido, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Medellín acusó a estas cinco personas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente Torres Ojeda también deberá responder en juicio por el delito de falsedad ideológica en documento público”, concluyó la Fiscalía.