El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó este 31 de agosto detalles sobre su más reciente viaje a Estados Unidos.
Según el alcalde, allí sostuvo otra importante reunión con altos funcionarios del FBI para entregarles información de las rutas en las que se movieron millonarias sumas de dinero de contratos que se direccionaron en la Alcaldía de Medellín y las entidades descentralizadas, como EPM, su filial Afinia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre otras, en el periodo de Daniel Quintero Calle como alcalde, es decir, entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.
Por uno de esos escándalos, una persona ya fue condenada. Su nombre es Juan Alberto Cardona Henao, extesorero de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, entidad usada para direccionar seis convenios administrativos por más de 16.000 millones de pesos.
Los contratos buscaban brindar kits de bioseguridad a los bomberos de los 10 municipios del Valle de Aburrá (Medellín, Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa), además de capacitaciones, pero parte de esos recursos se perdieron.
El contador Cardona Henao aceptó mediante un preacuerdo que falsificó documentos para hacer pasar como verdaderos algunos costos en la transacción. Además de él, como lo reveló SEMANA, el exdirector y exrepresentante legal de los Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y ahora es uno de sus testigos.
Cadavid logró con el ente acusador la persecución judicial en su contra, entregó una camioneta avaluada en 700 millones de pesos y se fue del país por protección.
Él estaba acusado de beneficiarse del desvío de recursos para apalancar su fallida campaña a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.
Ahora, el objetivo de la Fiscalía es demostrar que Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle; el exdirector financiero del Área, Álvaro Alonso Villada García; Sebastián Ortega, hijo de un influyente político de Bello; y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, también participaron en ese escándalo de corrupción.
Incluso, para este lunes, la Fiscalía había solicitado la realización de audiencias de imputación de cargos contra los mencionados y solicitud de medida de aseguramiento, pero hacia las 3:30 p. m. no había avanzado.
Sobre las 2:10 p. m. se conoció que la juez 27 penal del Circuito con Función de Control de Garantías tenía días incapacitada, por lo que la diligencia se trasladó al Juzgado 39 de la misma competencia.
Acerca de algunos detalles que se conocerán en esa audiencia, habló el alcalde Gutiérrez ante el FBI.
El mandatario, entre otras cosas, denunció que “sin contar a EPM ni todas (las entidades descentralizadas) del conglomerado (público), estamos estimando más de un billón de pesos en direccionamiento de contratos”, dijo.
Aclaró que la situación es aún más grave: “Si junta lo de EPM, lo de otras entidades como Afinia, por ejemplo, del robo que le hicieron a Afinia, muchas otras, fácilmente es direccionamiento de contratos superiores a los $ 2 billones”.
Quintero Calle es investigado por el caso de Aguas Vivas. Aunque ya había sido imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos con tres particulares para permitir el avalúo en más de 40.000 millones de pesos de un predio en El Poblado, dicho procedimiento fue declarado nulo por un juez.
Daniel Quintero ha dicho que todos estos procesos, que suman más de 37 funcionarios imputados, hacen parte de una persecución judicial. Incluso el caso de su hermano Miguel.
Particularmente en el proceso de Aguas Vivas, ha señalado a Federico Gutiérrez como el verdadero responsable. Quintero dijo: “El que firmó el contrato era Fico y no yo. En el proceso se demostró que me habían violado el debido proceso para condenarme sin pruebas”.
“Fico la recibió ‘gratis’ en un negocio ilegal que obligaba a la Alcaldía a ofrecer el lote como obligación urbanística y darle el resultado de la venta al propietario inicial. Un juez declaró ilegal el negocio y se le devolvió al dueño. Se enviaron copias a la Procuraduría para investigar el caso. El lote no se compró”, expresó Quintero.