Este viernes, luego de dos días de bloqueos, la Policía habilitó la vía que de Zaragoza, Antioquia, conduce a la Costa Atlántica.
En ese lugar, según la gobernación, cerca de 30 encapuchados bloquearon la vía durante dos días.
Sobre las 5:00 de la tarde, la Policía, junto a transportadores que estaban atrapados en los bloqueos, removió una tractomula que había sido atravesada en la vía que conduce a la costa atlántica.
El gobernador, Andrés Julián Rendón, pidió a los manifestantes que “privilegien el diálogo y eviten acciones que pongan en riesgo a la población civil”.
Según el mandatario, “cerca de 300 mil habitantes del Bajo Cauca se han visto afectados por esta situación. Cada colombiano tiene derecho a levantar la mano por cualquier situación que le genere incomodidad. Pero esa manifestación no puede derivar en hechos de terror ni de afectación generalizada de la economía”.
Las manifestaciones comenzaron el 16 de marzo luego de que la Mesa Minera de Bajo Cauca, sur de Córdoba y Valdivia rechazara la destrucción por parte de las autoridades de 17 máquinas en el sector Jardín (Cáceres) y cuatro máquinas en el municipio de Zaragoza.
Además, los manifestantes reclaman incumplimientos del Gobierno nacional con la implementación del distrito minero delimitado en 2024.
La situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño se ha visto deteriorada en medio del paro; ha habido reportes de vehículos incinerados, bloqueos en vías estratégicas y la presencia de encapuchados en distintos puntos de la región.
Ante los disturbios, autoridades locales adoptaron medidas excepcionales. En el municipio de El Bagre se decretó toque de queda nocturno para intentar contener los hechos de violencia y restablecer el control. La restricción limita la movilidad en horas de la noche y contempla sanciones para quienes incumplan la medida.
Incluso, el juez segundo promiscuo de Montelíbano, Córdoba, admitió una acción de tutela contra la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, promotora del paro minero que completa su tercer día.
Una mujer identificada como Ana María Muñoz solicitó al despacho proteger sus derechos a la libre circulación y al ejercicio de su profesión, luego de no poder dirigirse a su lugar de trabajo debido a los bloqueos del paro minero en la vía que comunica al municipio de Montelíbano con Puerto Libertador, Córdoba.