Desdes la madrugada de este viernes, 7 de agosto, decenas de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fuertemente armados, se desplegaron estratégicamente en los accesos a los patios y en las zonas donde se encontraban las celdas de mayor privilegio para ejecutar las órdenes de traslado a varios de los internos señalados como cabecillas de las estructuras criminales en Antioquia.
En ese contexto, se conocieron las primeras imágenes que permiten observar parte del operativo adelantado dentro de la cárcel de Itagüí, en medio de un amplio dispositivo de seguridad. La intervención puso fin a la permanencia de estos internos en el penal.
La medida quedó establecida en una resolución expedida el 6 de agosto, mediante la cual se dispuso el traslado de Douglas, Carlos Pesebre, Lindolfo, Tom, Fritanga y cerca de una decena de cabecillas más que permanecían recluidos en la cárcel de Itagüí bajo condiciones privilegiadas.
El centro penitenciario está ubicado en el sur del Valle de Aburrá, una zona donde estas estructuras criminales han ejercido durante años una fuerte influencia a través de actividades como el sicariato, el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, además del control de servicios clandestinos de agua y energía en sectores de invasión.
Los cabecillas, que durante los últimos meses habían llamado la atención por mostrarse ante los medios con prendas de lujo y por las particulares condiciones de sus celdas, tuvieron que abandonar esas comodidades.
Además, de acuerdo con un anuncio realizado por el presidente Abelardo De La Espriella, las personas privadas de la libertad serán trasladadas a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
“La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios”, se lee en el comunicado oficial emitido por el mandatario.
Esta medida hace parte de una de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, que tiene el objetivo de “recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la Ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional”, según el comunicado.
Estas personas terminarán en celdas de alta seguridad de las ciudades de La Dorada, Valledupar, Cómbita y Bogotá. A la cárcel La Picota, en Bogotá, fue llevado alias Douglas, considerado el más poderoso de los voceros que tenían asiento en la fallida mesa de paz urbana del Gobierno Petro.
A la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, llegó nuevamente Carlos Pesebre, condenado por asesinato y por su régimen de terror en las comunas 13 y 7 de Medellín; mientras que a Cómbita fue a parar alias Lindolfo, otro hombre clave en la administración de recursos para las bandas de Medellín.