A raíz del paro armado adelantado por el Clan del Golfo y que deja un saldo, hasta el momento, más de 30 vehículos incinerados y 35 municipios de Antioquia en confinamiento, las empresas de transporte decidieron frenar sus operaciones hacia algunos municipios de las subregiones del Urabá, Suroeste, Occidente, Norte, Oriente y Bajo Cauca, con el fin de proteger la vida de las personas y evitar más pérdidas en sus flotas de buses.

“Por afectaciones de orden público, algunas empresas de transporte que operan desde Terminales Medellín han restringido la salida de buses”, comentó la Terminal de Transportes a través de su cuenta de Twitter.

Las rutas suspendidas

Si se tiene un viaje programado a alguno de estos municipios, es importante confirmar con la empresa transportadora antes de emprender el recorrido:

  • Al Occidente: Cañasgordas, Ebéjico, Dabeiba, Santa Fe Antioquia, San Jerónimo, Sopetrín, Liborina, Sabanalarga, Peque, Buriticá, Abriaquí.
  • Al Norte: Yarumal, Don Matías, Entrerríos, San José de la Montaña, San Pedro, Belmira, Ituango y San Andrés de Cuerquia.
  • Al Nordeste: Santo Domingo, Segovia, Yalí, Yolombó, Vegachí, Remedios, Amalfi, San Roque.
  • Bajo Cauca: El Bagre,Zaragoza, Caucasia, Tarazá, Valdivia
  • Suroeste: Urrao.
  • Magdalena Medio: Caracolí, Puerto Berrío y Maceo.
  • Otros departamentos: Planeta Rica, Puerto Libertador y Sevilla.

La terminal de transportes que opera tanto en el sur como en el norte de la ciudad, hace un llamado a los viajeros para que se comuniquen con la empresa respectiva antes de viajar y confirmen su disponibilidad.

Vale la pena aclarar que la operación de Terminales Medellín continúa a nivel departamental y nacional, salvo a los municipios ya informados a los cuales las empresas de transporte tomaron la decisión de no viajar.

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La millonaria cifra de afectaciones que denuncian los transportadores por el paro armado

Organizaciones de camioneros y el gremio transportador lanzaron un SOS al Gobierno nacional y a las autoridades de las diferentes regiones en el país para que presten atención a lo que está pasando en las carreteras del país, en materia de seguridad, por cuenta del paro armado del Clan del Golfo.

Y es que las consecuencias de esta escalada terrorista ya ha hecho que las pérdidas económicas sean muy altas y que la cifra siga subiendo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Colfecar, gremio que reúne a las principales empresas transportadoras del país. Sostuvo que, hasta el momento, se han reportado pérdidas superiores a los 13 mil millones de pesos, a raíz de esta situación que afecta principalmente a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Atlántico.

Ante esto, la presidenta ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández Jiménez, rechazó enfáticamente los atentados terroristas que se han registrado contra 32 vehículos, que han sido incinerados y abarcan desde camiones hasta tractomulas. Las quemas se han dado en vías principales y secundarias de estos departamentos del país.

“Confiamos en que aparte del cubrimiento de la póliza de terrorismo que deben tener nuestros transportadores, también se refuercen las acciones de acompañamiento del Ejército y la Policía en las caravanas que se han programado para garantizar la movilidad por las diferentes carreteras del país”, señaló Hernández Jiménez.

Entre tanto, las cifras de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) dan cuenta de un panorama mucho más preocupante, ya que sus estimaciones se acercan a los 66 vehículos incinerados (entre carga, pasajeros y particulares), en menos de 56 horas.

Anderson Quinceno, CEO de la ATC, manifestó que no hay condiciones para trabajar, al tiempo que les recordó a las autoridades el gran número de familias que depende del transporte de carga, ya que no son solamente los conductores los afectados, sino también propietarios, empresas y hasta consumidores.

“Hemos visto que en las carreteras, principalmente en Antioquia, se está afectando a todo el que pasa, lo cogen y le queman el vehículo, hemos visto incluso ataques a ONG que solo están garantizando los derechos de la gente. Esta situación es bastante delicada y creemos que se necesitan acciones urgentes”, agregó Quinceno.

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