Sipí, una pequeña población chocoana ubicada a orillas de un río que lleva ese mismo nombre, siente que desde el lunes 10 de agosto, cuando ocurrió el terremoto de 7,4 en la escala de Richter, le cayeron las siete plagas.
Primero fue el movimiento telúrico que, según lo dicho en varios medios de comunicación por su alcalde, Jairo Antonio Murillo, dejó 165 viviendas destruidas, 300 con afectaciones, todas las instituciones educativas en escombros y a su gente viviendo una situación verdaderamente crítica.
El mismo día del sismo, según detalló la Defensoría del Pueblo, se registró la presencia de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la comunidad de San Agustín, “quienes permanecieron allí durante tres días e impidieron a los pobladores realizar sus actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, así como sus prácticas ancestrales”, a pesar de la crisis humanitaria producto del sismo.
Dos días después, el 12 de agosto, cuando los sipianos recogían escombros y trataban de ayudarse en medio de las ruinas del temblor, los sorprendió un vendaval que se llevó techos de zinc y dejó afectadas algunas casas que habían resistido la fuerza del terremoto.
Al día siguiente, la Alcaldía declaró la calamidad pública y reveló que 530 viviendas resultaron afectadas, al igual que 1.780 personas, cerca del 50 % de sus habitantes.
El 14 de agosto, la Alcaldía elevó la declaratoria de calamidad a la urgencia manifiesta y emprendió una campaña en la que apeló a la esperanza para que sus habitantes recibieran ayudas.
Cinco días después, el llamado empezó a tener resultados. Juan Camilo Hueje, el alcalde de Planadas, Tolima, hizo llegar cuatro toneladas de ayudas humanitarias, entre las que había alimentos y productos de primera necesidad. En ese momento, se creía que en Sipí las cosas iban a mejorar.
Sin embargo, el ambiente comenzó a tornarse aún más tenso para algunas poblaciones y el domingo 23 de agosto hombres del Clan del Golfo y del ELN se enfrentaron en un sector conocido como Chaparral.
Un habitante de la zona que pidió a SEMANA no mencionar su nombre comentó que se escucharon disparos y detonaciones durante los enfrentamientos, en los que fueron utilizados drones cargados de explosivos.
Esos hechos dejaron heridos a tres civiles (dos mujeres y un hombre) y provocaron que 105 familias huyeran de las ruinas que dejó el terremoto, de los daños que causó el vendaval y de la zozobra que les provocaron los grupos armados ilegales.
Algunos se fueron hacia una zona conocida como Barrancón y otros, hacia Charco Hondo. El martes 25 de agosto, una comisión de la Defensoría del Pueblo visitó el corredor Nóvita-Sipí y encontró “graves daños en viviendas y bienes colectivos causados por explosivos y ráfagas de fuego, así como severas afectaciones psicológicas en la población”.
De hecho, esa entidad estableció que, de manera preliminar, 652 familias, aproximadamente 3.000 personas, permanecían confinadas en Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo, en Sipí, y Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en Nóvita.
Incluso, la Alcaldía de Istmina recibió el viernes 28 de agosto a más de 40 familias en un albergue para que se protegieran, esta vez no del terremoto ni del vendaval, sino de los grupos armados.
“Las comunidades están cansadas de esta situación; ojalá que haya un acuerdo, un cese, una paz, pero que se cumpla”, dijo la fuente consultada por SEMANA.
Las familias desplazadas continúan en Istmina, mientras otras permanecen en los lugares donde se vieron obligadas a confinarse.
Aunque esta situación alertó a la Defensoría del Pueblo, no sucede solamente en Sipí.
La presencia de integrantes del Clan del Golfo en inmediaciones de la parte baja del río Tamaná, que afecta a Paimadó, Tamaná, San Gerónimo, Playa del Rosario, El Tigre y El Guamo, en Medio San Juan, mantiene en zozobra y con restricciones a la movilidad a 129 familias, equivalentes a 301 personas.
Una situación similar se vive por los enfrentamientos entre el ELN y el mismo Clan del Golfo en los kilómetros 18 y 90 de la vía Quibdó–Medellín, que obligaron al desplazamiento de integrantes de comunidades indígenas.
Como si fuera poco, la Defensoría advirtió sobre el incremento de entables mineros y el ingreso de maquinaria pesada en sectores de Lloró y Bagadó, así como en el corredor entre la comunidad negra de Noanamá, en Medio San Juan, y el corregimiento de Cucurrupi, en El Litoral del San Juan.
“Esta situación afecta a 11 comunidades de pueblos afrodescendientes y negros, que comprenden 500 familias y aproximadamente 1.756 personas, y a siete comunidades indígenas, con 420 familias y 2.120 personas. La expansión de la minería ilegal genera graves daños a los ecosistemas y se ha convertido en un nuevo escenario de disputa territorial entre actores armados ilegales”, indicó el organismo.
Además, señaló que “los confinamientos también se mantienen activos en Alto Baudó y Bajo Baudó, mientras persiste un riesgo inminente de desplazamiento y confinamiento para comunidades étnicas de Juradó, Nuquí y Bojayá”.
Por situaciones como estas, el pasado viernes la Defensoría alertó que no ha sido posible terminar un censo que “permita dimensionar las afectaciones y atender oportunamente” a todas las víctimas del terremoto del 10 de agosto en las zonas rurales, “muchas de las cuales permanecen incomunicadas y sin acceso a ayuda humanitaria básica”.