Habitantes de la vereda Los Pinos, ubicada en el municipio de La Plata, Huila, difundieron en redes sociales los momentos de terror que vivieron por cuenta de los fuertes combates entre el Ejército y miembros de la Estructura Hernando González, del Estado Mayor Central de las disidencias de alias Iván Mordisco.
Los hechos protagonizados por la Novena Brigada, de la Quinta División del Ejército, dejó un suboficial gravemente herido y siete integrantes de la estructura ilegal capturados, según confirmó la fuente castrense.
“Nuestras tropas en el sector reportan la captura de siete presuntos integrantes de este grupo armado organizado. Así mismo, un suboficial resultó herido en desarrollo de la maniobra táctica y recibe atención médica especializada”, publicó el Ejército.
Además, dijeroin que las operaciones militares continuarán en la zona para consolidar el área, fortalecer el control territorial y afectar las capacidades de esta estructura ilegal.
Esa estructura armada es recordada porque el año pasado, según denuncias de la Defensoría del Pueblo, citó a líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal en la vereda La Aurora, para obligarles a exigir la salida del Ejército de ese territorio.
“El Frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo de la facción disidente “Estado Mayor Central”, empleando amenazas e intimidación, ha citado a líderes y lideresas comunales ordenándoles convocar a la población para exigir la salida de integrantes del Ejército Nacional que se encontraban en la zona de la vereda La Aurora. Reiteramos al grupo armado ilegal que es imperativo dejar a la población civil por fuera del conflicto y cumplir irrestrictamente el principio de distinción que dispone el Derecho Internacional Humanitario", señaló la Defensoría en septiembre.
La orden del grupo armado obligó a los pobladores, incluso niños, niñas y mujeres, a abandonar sus casas y permanecer toda la noche sobre la vía como parte de las órdenes impartidas por el grupo armado para provocar el retiro de la tropa, reiteró la Defensoría del Pueblo.
La grave situación en ese entonces llevó al cierre del comercio, restricciones a la movilidad en toda la zona, dejando en grave riesgo de desabastecimiento de alimentos, bienes, servicios, y resultando vulnerados los derechos económicos y sociales de estas comunidades.