El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán admitió una acción de cumplimiento interpuesta por JM Abogados & Asesores S.A.S. contra el municipio de Popayán. Con esta decisión, se dio inicio formal al proceso judicial que busca establecer si la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo ha incumplido las obligaciones legales en materia de protección y bienestar animal.
La admisión de dicha acción representa una respuesta institucional a la investigación publicada por el medio de comunicación ‘Poclama del Pacífico’ en la cual se interroga si la Alcaldía de Popayán incumple la aplicación de la Ley 2455 de 2025 en la capital caucana.
La acción de cumplimiento fue presentada por Joan Sebastián Manzano Garzón, representante legal de JM Abogados & Asesores S.A.S., quien previamente elevó un requerimiento formal a la administración municipal. Tras considerar que la respuesta recibida no satisfacía lo solicitado, acudió a la jurisdicción administrativa mediante este mecanismo judicial.
Entre los aspectos centrales que reclama la demanda figuran la creación y reglamentación del Fondo Municipal para la Protección y Bienestar Animal; la puesta en funcionamiento del curso obligatorio de sensibilización contra el maltrato animal; la destinación de los recursos provenientes de las multas por maltrato animal; la atención de los procesos administrativos relacionados con denuncias por estos hechos; y el cumplimiento de las obligaciones de reporte e indicadores previstas en la Ley Ángel.
Con el auto admisorio, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, además de dar inicio al proceso judicial, ordenó al Municipio responder en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación. En ese término, la administración deberá comparecer al proceso, pronunciarse sobre cada uno de los hechos expuestos por la parte demandante, aportar las pruebas correspondientes y ejercer su derecho de defensa.
La decisión también dispuso la vinculación de la Procuraduría Judicial en Asuntos Administrativos, entidad que intervendrá dentro del proceso como garante del cumplimiento de la legalidad.
La Alcaldía recibió la orden de presentar un informe ejecutivo detallado y debidamente documentado sobre todas las actuaciones adelantadas para cumplir la Ley Ángel. Además, el despacho judicial exigió la entrega de copia íntegra del expediente administrativo, documentos auténticos y legibles, soportes en formato PDF y evidencia de las actuaciones realizadas frente a cada una de las obligaciones señaladas en la demanda.
Por ahora, y en el transcurso de los próximos días, el municipio deberá responder al requerimiento judicial, presentar el informe solicitado y aportar los documentos que respalden las actuaciones adelantadas. Posteriormente, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán analizará las pruebas y resolverá la acción dentro del término establecido por la Ley 393 de 1997.
Este caso es uno de los primeros procesos judiciales en Popayán que pone bajo examen el cumplimiento de la Ley Ángel, una norma creada para fortalecer la protección y el bienestar animal en Colombia.