Un ‘okupa’, término muy utilizado en España, es una persona que se instala en una vivienda o local deshabitado sin el permiso del propietario. También se refiere al movimiento social y político que promueve la ocupación de estos espacios para denunciar la especulación inmobiliaria y darles un uso alternativo. Bajo cualquier prisma que se le mire, Maduro y sus secuaces son ‘okupas’ que de manera fraudulenta se apoderaron del poder en Venezuela. Estos sinvergüenzas, obviamente buscando acrecentar el botín que llevan 26 años robándoles a los venezolanos, lo que buscan es quién les compre su petróleo y gas. Y en las redes de los ‘okupas’ ha caído nuestro gobierno, que pareciera tener todas las intenciones de comprarles gas.

De materializarse esta operación, habrá varias consecuencias:

  • La importación se haría por medio del gasoducto Antonio Ricaurte, infraestructura que lleva desde 2015 fuera de servicio. Antes de poner a funcionar dicho gasoducto es indispensable hacer una inspección completa de los 224 kilómetros para conocer el estado actual del tubo, incluyendo los tramos deteriorados y el estado de corrosión. Esta sola tarea podría costar 300 millones de dólares. Pero no solo habría que recomponer el gasoducto, sino que habría que incorporar una planta de tratamiento ya que el gas venezolano no cumple con los estándares para entrar a la red nacional de gasoductos de Colombia.
  • Importar gas de un gobierno ilegítimo puede traer serios problemas legales y regulatorios (sanciones tanto de Estados Unidos como de otros entes regulatorios); financieros (costos altos, interrupciones, inversiones vulnerables), y reputacionales y estratégicos (dependencia energética de un país inestable). Por supuesto que hay un riesgo reputacional importante para Ecopetrol y para el Estado colombiano si se lo percibe como socio, aunque sea indirecto, de “empresas sancionadas” como es PDVSA, vínculo que puede afectar inversiones futuras y aún la permanencia de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York. Adicionalmente, el depender de gas venezolano sancionado pone en riesgo nuestra seguridad energética.

El país no ha entendido la dimensión de la hipocresía de la política energética del actual gobierno. En particular, a los colombianos no nos han advertido sobre riesgos de desabastecimiento, lo que muy seguramente va a traducirse en apagones o mayores costos. Este gobierno prometió cerrar la llave de la exploración de combustibles fósiles, acelerar el uso de energías limpias y construir una Colombia que respire más allá del petróleo y del gas. Pero aparte de un discurso altisonante, no se nos aclaró que restringir la exploración sin planes de reemplazo es una apuesta peligrosa: el daño real al planeta no está en la extracción, sino en el uso del petróleo y el gas.

Al importar gas desde Venezuela, simplemente estamos instalando una mampara para seguir, con total descaro, quemando fósiles bajo la fachada de una “transición energética”. La revista The Economist, según Forbes Colombia, no se quedó callada: publicó un análisis señalando que las promesas verdes de Petro tienen “contradicciones ambientales” evidentes.

En particular, cuestionó el freno a nuevas licencias exploratorias mientras el país recurre al gas importado, lo que podría elevar emisiones y costos. Hay que entender que de la contaminación de los combustibles fósiles, la exploración es responsable de solo el 7,5 %, y el transporte de alrededor del 5 %. ¡Al final del día, importar gas del ‘okupa’ Maduro, aparte de los inmensos riesgos ya mencionados, no nos va ayudar en nada a descontaminar el planeta! Al incluir el costo del transporte, por el contrario, ¡generamos más contaminación!