Después de casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC, se profiere la primera sentencia que sanciona a miembros del secretariado del grupo guerrillero por secuestro y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio, entre 1993 y 2012, con la máxima sanción de 8 años de trabajos, obras y actividades de reparación a las más de 21.396 víctimas. Además, deben buscar, identificar y entregar dignamente los restos de personas dadas por desaparecidas, junto con relatos dignificantes y eventos de reparación simbólica a las víctimas.

Según el comunicado 148 de la JEP, los comparecientes nunca habían rendido cuentas ante la justicia ordinaria; la impunidad por estos crímenes alcanzaba el 92 %. La sanción comprende restricciones a la movilidad, la residencia y el trabajo. Fueron declarados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se advierte que vendrán otras sentencias y otras sanciones por bloques a responsables de la extinta guerrilla, así como a responsables de la Fuerza Pública por los llamados falsos positivos.

La sanción no comprende la inhabilidad de derechos políticos, aspecto muy debatido durante las negociaciones del acuerdo, que resulta contradictorio ante la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. La sanción tampoco comprende reparaciones efectivas ni indemnizaciones a las víctimas, fundamento esencial de la justicia especial, lo que pone nuevamente en evidencia el incumplimiento de entrega de bienes y dineros de la organización subversiva.

De otra parte, se debe recalcar que no se ha alcanzado una paz estable ni duradera; por el contrario, miembros de las FARC se declararon disidentes y retomaron las armas para continuar delinquiendo, sin posibilidad jurídica de nuevas negociaciones ni beneficios. Como si se tratase de un incentivo perverso, hoy hay más grupos guerrilleros y organizaciones criminales que pretenden beneficiarse de prerrogativas de la política de paz total del actual gobierno. Tristemente, la subversión y el delito se convirtieron en caminos efectivos para obtener privilegios estatales.

Si se tienen en cuenta las siete personas condenadas a ocho años de trabajos, serían 20.440 días, lo que no alcanza a ser un día de sanción por cada una de las más de 21.396 víctimas. La pregunta sería si los propósitos de la justicia de transición de reparación, verdad y no repetición, realmente conducen o producen la reconciliación social y nuevos estadios que superen el conflicto y la diferencia. Lamentablemente, la respuesta es no. Como resulta también equivocado incluir en esta justicia especial a militares y policías.

Si se contrasta el beneficio de menos de un día de trabajo por víctima de secuestros con la sanción propuesta en el caso del expresidente Álvaro Uribe de 12 años de privación de la libertad por supuesta manipulación de testigos, se resaltan las desproporciones de los regímenes de transición y el ordinario.

Que no se olvide el resultado negativo del plebiscito refrendatorio del acuerdo final, la ciudadanía mayoritariamente votó NO. No obstante, el Gobierno Santos se empecinó en aprobar el acuerdo y seguir la ruta contraria a la voluntad popular.

El mayor reto que tiene la sociedad colombiana es superar la convivencia de las economías ilegales con los supuestos grupos subversivos, donde las motivaciones políticas se desvanecen por las ansias del dinero fácil.

Las fórmulas no son los privilegios de excepción ni la relativización de la ley, todo lo contrario, el cumplimiento de las reglas de juego sin ventajas ilícitas.

Cita de la semana: “El signo de la persecución de la muerte en la vida del otro, ha sido herida, cicatriz, tatuaje sobre la geografía y el cuerpo de la reciente historia de Colombia.” Arturo Alape, Tirofijo: Los sueños y las montañas (2007).