Colombia ha contado, durante más de tres décadas, con un sistema eléctrico sólido y confiable. La implementación de las leyes 142 y 143 permitió diseñar una fórmula exitosa, en la que tanto el Estado como el sector privado participan en la prestación de los servicios públicos. Esta articulación ha sido clave para garantizar cobertura, eficiencia y calidad. Además, la creación del cargo por confiabilidad consolidó una estructura que asegura el suministro de energía, incluso en condiciones críticas. Como resultado, hoy tenemos una de las matrices energéticas más limpias del mundo, ocupando el sexto lugar a nivel global, y hemos logrado exportar energía a países vecinos como Ecuador, sin comprometer la demanda interna.
Sin embargo, esa fortaleza está hoy en grave riesgo. Las decisiones del actual Gobierno están erosionando las bases del sistema eléctrico nacional. Podría decirse que estamos frente a una detonación controlada desde el poder ejecutivo, que debilita cada eslabón de la cadena energética. La UPME no está autorizando nuevos puntos de conexión; el Estado no ha pagado las millonarias deudas que mantiene por los subsidios a los estratos 1, 2 y 3; el Ministro de Minas y Energía ha anunciado su intención de eliminar el cargo por confiabilidad; la última subasta fue mal diseñada, poco técnica y poco atractiva para los inversionistas, y la CREG, órgano técnico clave del sistema, ha sido desmantelada, y ahora pretenden limitar aún más su autonomía y rigor técnico con el proyecto de ley tarifaria que presentarán al Congreso. Será necesario dar una batalla técnica y política para archivar esa iniciativa que representa una amenaza directa a la estabilidad energética del país.
Los indicadores son preocupantes. En 2024 apenas se puso en operación el 25 % de la capacidad proyectada: de los 5.720 MW esperados, solo entraron en funcionamiento 1.447 MW. A agosto de 2025, la capacidad instalada total es de 20.715 MW: 64 % hidroeléctrica (13.208 MW), 30 % térmica (6.201 MW) y 6 % solar (1.306 MW), para una demanda que se mantiene estable en torno a los 250 GWh diarios. Apenas 86 proyectos están en etapa de pruebas dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), lo que muestra la lentitud en la incorporación de nueva generación.
La alarma es clara: no hay suficiente energía firme para cubrir la demanda nacional. El balance entre la oferta de ENFICC (Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad) y la demanda proyectada ya es negativo. Los déficits estimados son crecientes: 2,7 % en 2025, 2,9 % en 2026, 4,1 % en 2027 y 3,2 % en 2028. Lo más grave es que para 2027 podríamos enfrentar un nuevo fenómeno de El Niño, lo cual, con las reservas actuales y los retrasos acumulados, podría poner al país al borde de un apagón. Ni siquiera la entrada temprana de los proyectos solares adjudicados en la subasta de 2019 lograría compensar este déficit.
Lo que necesita Colombia es más energía firme, no experimentos ideológicos ni improvisación técnica.
Estamos ad portas de una crisis. Ante cualquier evento climático extremo, como una sequía prolongada, podríamos enfrentar un apagón parcial o incluso total. El rezago en la ejecución de proyectos de expansión en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y Regional (STR) es notorio. En los últimos cinco años, la incorporación efectiva de nuevos proyectos no ha superado el 28 %. La situación es crítica.
El único gran proyecto que aún está en ejecución es Hidroituango, pero más allá de eso, no hay proyectos estructurales de generación en el horizonte nacional. Se agota la energía, y con ella, se agota también la paciencia de un país que ha cumplido con su parte y que ahora exige responsabilidad, técnica y liderazgo real para evitar una tragedia anunciada.