El presidente Abelardo De La Espriella anunció este viernes, 28 de agosto, un paquete de medidas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio con el que se busca, según él, proteger el bolsillo de los colombianos, especialmente en zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto pasado y que deja como saldo 331 muertos y casi 200.000 familias afectadas.
En su cuenta oficial de X, el primer mandatario dijo que “la tragedia no puede convertirse en una oportunidad para abusar de los colombianos”.
Informó que expidió medidas para impedir incrementos injustificados en los precios de bienes esenciales, proteger a los usuarios de telecomunicaciones y combatir el acaparamiento, la publicidad engañosa y cualquier práctica que vulnere la libre competencia.
“Los servicios de telecomunicaciones interrumpidos por la emergencia no podrán ser cobrados durante el tiempo que permanecieron suspendidos. En medio de la reconstrucción, proteger el bolsillo y los derechos de los colombianos también es una prioridad”, destacó.
De La Espriella hizo el anuncio por las quejas que ha recibido el Gobierno en sus desplazamientos a las regiones afectadas por el terremoto sobre el incremento de precios por parte de algunos sectores.
Este jueves, la SIC expidió una circular “para garantizar el cumplimiento de las normas de vigilancia” donde ordenó la prohibición de incrementar de manera sustancial e injustificada los precios de los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia, en especial los de la canasta familiar y de primera necesidad, así como celebrar acuerdos de fijación de precios entre competidores.
“Los proveedores de telecomunicaciones no podrán cobrar por el periodo en que el servicio permaneció interrumpido; deberán garantizar en todo momento las llamadas a los servicios de urgencia y emergencia, y ante el eventual cierre de oficinas físicas deberá avisarlo a sus usuarios y disponer de un sistema de PQRs por medios no presenciales”, se lee en la circular.
La Superintendencia exhortó a los alcaldes de los municipios afectados a adelantar acciones de inspección y vigilancia frente al acaparamiento, las ventas atadas, la publicidad engañosa y las cláusulas abusivas en relación con estos bienes.
“Está restringido emitir información engañosa, desplegar publicidad que capitalice la emergencia económica con afirmaciones falsas”, añadió el documento.
Al final, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó su compromiso con el respeto del ejercicio de la libre iniciativa privada en el marco de la economía social de mercado. Y prometió que velará porque no se vulneren los derechos de los consumidores y personas afectadas por la situación de calamidad que atraviesan distintas zonas del país.