La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) cuestionó las recientes declaraciones de la magistrada de la JEP Catalina Díaz Gómez, quien afirmó que la Justicia Penal Militar fue “un mecanismo de encubrimiento”.
A través de un pronunciamiento, la organización calificó de “inquietantes” esas afirmaciones y sostuvo que generan preocupación, particularmente en medio de los cuestionamientos que, según Acore, enfrenta actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La asociación señaló que, si dentro de la Justicia Penal Militar existieron actuaciones irregulares o conductas encaminadas a encubrir delitos, estas deben ser identificadas de manera individual, denunciadas, demostradas y atribuidas a los responsables correspondientes.
El punto central del pronunciamiento está en el alcance de las declaraciones de la magistrada. Acore cuestionó que una eventual responsabilidad atribuible a funcionarios concretos pueda extenderse, mediante generalizaciones, a toda una jurisdicción, a sus jueces y funcionarios o a décadas de actuación institucional.
“Las responsabilidades son individuales y deben probarse”, sostuvo la organización, al plantear que ese principio debe aplicarse de manera uniforme en el funcionamiento de la justicia.
Acore también hizo énfasis en la condición de Díaz Gómez como integrante de una jurisdicción encargada de valorar las conductas de miembros de las Fuerzas Militares.
En ese sentido, señaló que una mayor prudencia resulta exigible cuando las afirmaciones provienen de quienes tienen responsabilidades dentro de la administración de justicia.
Para la asociación, la discusión no se limita al contenido de las decisiones judiciales. Según su pronunciamiento, el principio de imparcialidad también debería reflejarse en el lenguaje público utilizado por los funcionarios encargados de administrar justicia.
Acore advirtió que las generalizaciones sobre una institución pueden contribuir a profundizar las dudas sobre la objetividad con la que serán valorados los comparecientes ante la JEP y, a su juicio, pueden afectar la confianza que la propia jurisdicción necesita construir en momentos de fuerte escrutinio público.
La organización insistió en que su cuestionamiento no pretende desconocer que puedan existir responsabilidades individuales dentro de cualquier institución. Su planteamiento es que esas responsabilidades deben establecerse mediante actuaciones concretas y pruebas, y no a partir de señalamientos generales.
En esa línea, Acore sostuvo que el mismo estándar debe aplicarse en todas las direcciones: tanto cuando se formulan cuestionamientos contra funcionarios de la JEP como cuando esa jurisdicción realiza valoraciones sobre funcionarios de otras entidades.