La Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció ante la Fiscalía General de la Nación un patrón de amenazas, intimidaciones y actos de violencia contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria, luego de registrar al menos seis casos en una semana en distintas regiones del país.
La denuncia fue presentada por el director de la entidad, Juan Felipe Harman, quien advirtió que los hechos evidencian una ofensiva contra las comunidades que han recibido predios dentro de los programas de distribución y adjudicación de tierras.
Según la ANT, las acciones ocurrieron después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y estarían relacionadas con disputas por el control territorial.
De acuerdo con la entidad, las situaciones más recientes se concentran en la subregión del Magdalena Medio y en los departamentos de Meta y Córdoba. Allí se reportaron desalojos forzados, amenazas con armas de fuego, destrucción de bienes y, en uno de los casos, actos de tortura contra los ocupantes de un predio.
En el Magdalena Medio, la ANT denunció que hombres armados ingresaron a las fincas Los Alpes–La Olguita y Los Alpes–La Apulia, donde se presentaron como abogados y supuestos propietarios para exigir la salida de las familias campesinas. En uno de los episodios también fueron hurtados los portones principales del predio.
La entidad informó además que una lideresa campesina recibió mensajes extorsivos atribuidos presuntamente al Clan del Golfo, en los que le exigían abandonar un predio adjudicado a organizaciones de víctimas.
A ello se suman denuncias de intimidaciones en el complejo Globo Las Brisas, en La Dorada (Caldas), y en la finca La Perla, en Puerto Triunfo (Antioquia), donde una asociación de mujeres aseguró ser víctima de constantes amenazas.
El caso más grave, según la ANT, ocurrió en la finca La Primavera, en Puerto López (Meta). Allí, cuatro hombres encapuchados y armados irrumpieron durante la madrugada del 24 de junio, golpearon y torturaron con machetes y palos a cuatro adultos y una menor de 14 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. Los atacantes también incendiaron la planta eléctrica, vehículos y otros bienes de la comunidad.
En Córdoba, la Agencia reportó que familias beneficiarias del predio El Llano abandonaron el terreno tras la incursión de hombres armados que anunciaron la llegada de un grupo de 30 personas para retomar el control de la finca.
Asimismo, denunció que campesinos fueron amenazados de muerte cuando intentaban ingresar al predio La Palmira para desarrollar actividades productivas, pese a que el inmueble cuenta con medidas judiciales.
Juan Felipe Harman aseguró que la información entregada a la Fiscalía incluye la identidad de los presuntos responsables de varios de estos hechos y solicitó investigaciones urgentes, así como medidas de protección para las comunidades afectadas.
La ANT sostuvo que estas acciones buscan frenar el desarrollo de la Reforma Agraria mediante la intimidación y el uso de la violencia contra los nuevos ocupantes de los predios.