El presidente Abelardo De La Espriella, desde su campaña presidencial, hizo varios anuncios sobre las modificaciones de las actuaciones de la Fuerza Pública en medio de protestas, asegurando que tras la permisividad que tenían los protestantes, este buscaría regular ese asunto para hacerlo más restrictivo.
La Presidencia de la República definió esta normativa a través de un borrador de decreto, con el que modifica el Decreto 003 de 2021, conocido como estatuto contra la protesta, para definir como deben actuar las autoridades cuando una manifestación se torna violenta.
Este borrador, además de facultar a las autoridades para intervenir sin mediación cuando la protesta sea violenta, también las obliga a habilitar corredores para ambulancias y personas vulnerables.
Tras la medida, la Asociación de Ciudades Capitales se pronunció, asegurando que apoyan la iniciativa del Ministerio del Interior y que comparten la idea de que no haya ni un derecho menos para quien marcha, pero ni un espacio más para quien destruye.
“La protesta pacífica es un decreto fundamental, protegido en el artículo 37 de la Constitución, y su ejercicio merece un respeto absoluto. El proyecto no restringe ese derecho. Lo que hace es aclarar las reglas de juego y garantizar, al mismo tiempo, los derechos de quienes protestan y de quienes no protestan”, precisó.
Aseguraron además que el proyecto brinda las garantías de la protesta pues mantiene la presunción de que las manifestaciones son pacíficas, también establece que las responsabilidades son individuales y no colectivas y organiza la actuación de las autoridades en un modelo progresivo de 5 niveles.
“Para las alcaldías esta claridad es fundamental. Las ciudades capitales son el principal escenario de la movilización social en el país. Reglas precisas permiten a los mandatarios locales y a los PMU actuar a tiempo”, indicó el gremio que reúne a todas las capitales del país.