El 1 de octubre de 2025 se conoció a nivel mundial que dos jóvenes colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, fueron retenidas por autoridades israelíes tras viajar en una flotilla cuando intentaban llegar a Gaza.
Uno de los primeros en respaldarlas fue el expresidente Gustavo Petro quien no solo las defendió sino que cuestionó a Israel, como lo hizo en varios momentos de su mandato.
El exmandatario exigió la liberación de las colombianas y terminó encontrándose con ellas en Bruselas, Bélgica, en medio de una agenda internacional que adelantaba para ese momento. Posteriormente, ellas llegaron a bordo del avión presidencial a Colombia.
Dos meses después, en diciembre del año pasado, Petro las condecoró con la Orden de Boyacá, en el grado de Caballero, la máxima distinción nacional, por el hecho de haber intentado llevar ayuda humanitaria a Gaza.
Asimismo, ambas lograron una asignación exprés de esquemas de seguridad a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que fue criticado por distintos sectores y por el sindicato de la entidad pues para esos momentos se hablaba de poca disponibilidad de recursos para quienes necesitan protección en el país.
Hasta ahí todo lo que había sucedido se había conocido públicamente, sin embargo, hubo otro episodio relevante sobre el que no se tenían detalles.
SEMANA conoció que ambas fueron premiadas con contratos en la Cancillería. Según fuentes internas enteradas de ese proceso, se trató de una orden directa de la Presidencia. Ambas recibieron un contrato por más de 45 millones de pesos para el 2026.
En el caso de Luna Valentina Barreto Arango, se trata de un contrato de prestación de servicios para apoyar a la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, como enlace con los pueblos indígenas ubicados en los municipios fronterizos de los departamentos de Guainía y Vichada por el cual recibirá 45.053.772 pesos con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, es decir, sigue devengando recursos por esas labores con un pago mensual de 3.754.481 pesos.
Por su parte, Manuela Bedoya Jaramillo obtuvo un contrato de prestación de servicios, para apoyar a la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza como enlace de los pueblos indígenas ubicados en los municipios fronterizos del departamento del Chocó.
Su contrato también es por 45.053.772 de pesos hasta el 31 de diciembre con pagos de 3.754.481 de pesos hasta esa fecha.
Durante la administración de Gustavo Petro desde distintos sectores criticaron la contratación de personas en entidades gubernamentales, así como la creación de mayor burocracia en el Estado a través de cargos y ministerios.
Uno de los que exaltó el rol de ambas mujeres fue el embajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina, quien también fue criticado por estar en ese cargo pues nunca pudo llegar a ese territorio a presentar las credenciales que lo acreditaban como representante diplomático del país.