Mucho será lo que tiene que revisar el gobierno electo de Abelardo De La Espriella después de su posesión el 7 de agosto, y además, tendrá que hacerlo de manera urgente.
El sindicato de la Unidad de Protección Nacional-UNP, presidido por Yesid Barragán, ha venido denunciando presuntos hechos irregulares en la entidad que pasan por lo que llamó “un derroche de recursos” en temas no prioritarios, mientras ni siquiera hay suficientes camionetas para las labores misionales de la entidad; además de la asignación exprés de esquemas de protección, bajo la discrecionalidad del director de la entidad, mientras que cientos de personas hacen fila para probar que sus vidas están en peligro.
La agremiación sindical se refirió al caso de las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, retenidas y deportadas por autoridades israelí mientras viajaban en una embarcación rumbo a la franja de Gaza, con ayuda humanitaria.
La orden habría provenido de una contratista de la UNP, la cual tuvo inmediato cumplimiento, pese a que el promedio de espera de los solicitantes de protección del Estado, porque su vida corre alto riesgo de ataques, es de 6 meses, y hay personas que llevan años en la fila, sin que se les de la respuesta esperada. De hecho Barragán señala que Colombia ahora registra uno de los índices trágicos más altos “-quizás- en la historia de la UNP”, de líderes sociales y personas asesinadas.
Si bien la norma es explícita en la discrecionalidad que tiene el director para asignar protección en casos excepcionales, también lo es que se requieren estudios técnicos mínimos, por lo cual, el sindicato considera que tal discrecionalidad “la han utilizado con posiciones políticas e ideológicas”.
De acuerdo con las declaraciones entregadas a SEMANA por Barragán, es preocupante el abultado presupuesto para 2026, el cual alcanzaría los 2,7 billones de pesos, y a penas a mitad de año ya no se cuente con disponibilidad para la atención de las necesidades financieras de la entidad. “No se habían tenido déficit tan grandes y ahora están a la espera de que el Ministerio de Hacienda desembolse un billón de pesos”, dijo el dirigente sindical.
Congresistas salientes, desprotegidos
Los contrasentidos abundan en temas de protección de la vida de los colombianos en riesgo que solicitan el apoyo del Estado. Recientemente se conoció el caso del senador Miguel César Triana, quien denunció que le retiraron de inmediato parte de su esquema de seguridad pese a que luego de la salida del Congreso, tras los controles ejercidos y las denuncias, los parlamentarios podrían quedar más expuestos.
Para muchos de los integrantes del nuevo Congreso no había camionetas blindadas, mientras les asignan vehículos a personas de áreas como recursos humanos de la misma UNP, denunció el sindicato.
En el caso de las activistas beneficiadas con una decisión inmediata para la asignación de protección, los documentos con la orden impartida serían “por término de emergencia a partir del momento y por el tiempo que sea necesario”.
Como presidente del 1er sindicato fundado en UNP he trabajado como funcionario con todos los directores desde que fue creada.
— Yesid Barragán (@ybrunp) May 5, 2026
Pero Augusto Rodriguez ha sido lo más ineficiente y conspirador que puede existir. @petrogustavo @AABenedetti #Benedetti https://t.co/bxXBFREPrq