El Centro Democrático rechazó el informe publicado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República sobre el listado de candidatos que estarían inhabilitados para participar en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre por haber celebrado contratos con el Estado un año antes de la fecha de la contienda.
El Gobierno presentó un catálogo de aspirantes entre los que hizo hincapié en que habría candidatos que pertenecen a ese partido que no podrían participar en la jornada que tendrá lugar en menos de dos semanas.
Sin embargo, lo que alega el partido es que “los datos que presenta sobre candidatos del partido son totalmente tendenciosos e inexactos” y que la presentación de ese documento “desborda su competencia de acuerdo con la Constitución y la ley”.
“El Partido Centro Democrático tiene un riguroso y estricto proceso de evaluación para escoger a sus candidatos, donde se pudo verificar en la información que reposa tanto en el Secop como en los antecedentes especiales de la Procuraduría, con absoluta claridad que el candidato mencionado en dicho informe no tuvo este año contrato alguno con el Estado, ni reporta inhabilidad de acuerdo con el certificado especial de la Procuraduría General de la Nación”, escribió esa colectividad en un comunicado.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia indica que hay 553 candidatos a alcaldías y concejos municipales que podrían estar inhabilitados por haber, supuestamente, celebrado contratos con el Estado por valores cercanos a los 62.000 millones de pesos. Entre ese catálogo de supuestos inhabilitados están 553 aspirantes a los concejos municipales y 27 que están buscando alcaldías.
El encargado de ese despacho, el secretario Andrés Idárraga, señala que las ciudades con más casos de posibles inhabilidades de candidatos son Armenia (29), Villavicencio (24), Bucaramanga (16), Cali (14) y Pasto (12).
Lo que apunta Idárraga es que “de los 526 candidatos a concejos que podrían estar en una inhabilidad, cinco concentran el 59,15 % de todo el monto contratado hallado en esta indagación, como lo es un candidato del Centro Democrático para el Concejo de Medellín, que en el último año contrató más de 16.700 millones de pesos, situación que nos pone a pensar qué tanta relación hay entre la política y la contratación estatal”.
El candidato cuestionado del Centro Democrático
Lo que responde la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez a ese señalamiento es que “el caso mencionado por la Secretaría de Transparencia es totalmente inexacto, es del candidato al Concejo de Medellín Jorge Julián Osorio, quien fue rector del CES hasta el 17 de mayo de 2022 y que este año no ha celebrado contrato alguno con el Distrito de Ciencia y Tecnología”.
El informe que presentó la Presidencia se basó en un cruce de información entre los datos de la plataforma Secop, donde se alberga la contratación pública, con el listado de candidatos a las alcaldías y concejos municipales.
No obstante, el partido apunta que sí surtieron un proceso de evaluación para elegir a los candidatos, y en su pronunciamiento terminó haciendo una invitación a la Secretaría “a verificar los datos que entrega en su informe y a corregirlos para no confundir a la opinión pública a pocos días del proceso electoral”.
Es más, el Centro Democrático le pidió a la Procuraduría que haga una investigación sobre el reporte presentado por Idárraga señalando al Gobierno de estar incurriendo en una presunta “participación en política y comisión de delitos electorales”, que tendría lugar a 13 días de la fecha de las elecciones.
“Extraña que las entidades llamadas a ser los guardianes de la transparencia hoy produzcan informes turbios que aparentemente están persiguiendo fines electorales y pretenden engañar al electorado. Exigimos reglas de juego claras y transparentes para que sean los ciudadanos quienes elijan a los mejores candidatos”, escribió el partido.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República detalló los municipios, partidos políticos y nombres de candidatos de las personas que estarían incurriendo en una inhabilidad electoral. Según el secretario, solo entre los candidatos a concejos habría contratos celebrados con el Estado por el orden de los 50.000 millones de pesos.