El Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella pidió al Gobierno nacional abstenerse de suscribir contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) por cerca de $3,2 billones para proyectos de vías terciarias en La Guajira, al considerar que una decisión de esa magnitud, a pocos días del cambio de Gobierno, debería ser evaluada por la administración entrante.
La solicitud generó un intercambio de mensajes entre la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, y la ministra saliente, María Fernanda Rojas, sobre la conveniencia y la legalidad de avanzar con esos procesos de contratación antes del 7 de agosto.
A través de su cuenta de X, Noguera aseguró que el fortalecimiento de las vías terciarias hará parte de las prioridades del nuevo Gobierno, pero cuestionó que el Ejecutivo saliente adjudique contratos que comprometen recursos públicos y vigencias futuras durante los próximos años.
“Las vías terciarias serán una prioridad de la #PatriaMilagro. Pero lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos del Invías por más de $3,2 billones de pesos, comprometiendo recursos públicos y vigencias futuras hasta 2035”, escribió.
La ministra designada agregó que, una vez asuma el cargo, cada uno de esos procesos será revisado con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero.
La respuesta llegó por parte de la ministra saliente, María Fernanda Rojas, quien defendió las adjudicaciones y explicó que los proyectos hacen parte de un proceso de estructuración que comenzó desde finales de 2025.
“Porque son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan”, respondió la funcionaria.
Rojas señaló que el proceso se adelantó mediante una licitación pública con todas las garantías y la participación de empresas con capacidad técnica, jurídica y financiera. Además, indicó que las vigencias futuras son un mecanismo previsto en la legislación colombiana y recordó que también son utilizadas en contratos de concesión.
La ministra explicó igualmente que la contratación busca dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó ejecutar inversiones para atender la crisis humanitaria de La Guajira.
Según precisó, los proyectos beneficiarán a comunidades de los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, y fueron estructurados conforme a las decisiones adoptadas en la Mesa de Seguimiento Especial (Messep).
En su respuesta, Rojas también recordó que durante el Gobierno de Gustavo Petro se respetaron las vigencias futuras y los contratos heredados de la administración del expresidente Iván Duque para proyectos de infraestructura regional.
De acuerdo con la ministra, la actual administración adelantó y destrabó contratos por alrededor de $15 billones, varios de los cuales alcanzaron sus mayores niveles de ejecución durante este cuatrienio.
La funcionaria también respondió a los cuestionamientos del equipo entrante sobre el proceso de empalme. “Si hubiera asistido al empalme, junto con el equipo que nos informaron que iba a asistir, tendría la información clara”, escribió, al tiempo que aseguró que los detalles de los contratos hacen parte de los informes de empalme publicados por el Departamento Nacional de Planeación y de la documentación oficial del sector Transporte.