El exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una recusación contra el magistrado Álvaro Echeverry para que sea excluido del expediente que definirá la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda, programada para el 8 de marzo.

Echeverry es uno de los tres magistrados que expondrá ante la sala plena los argumentos de fondo para aceptar o rechazar a Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, en la consulta que busca unificar un solo aspirante del “progresismo”; se quiere que se mida con Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero.

Aunque hay dudas sobre la legalidad de su participación porque ya estuvo en la consulta del Pacto, realizada el 26 de octubre con Carolina Corcho y Daniel Quintero, la última palabra la tendrá el CNE; y el voto del magistrado Echeverry podría ser definitivo en esta álgida discusión.

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Para Nicolás Farfán, él debe ser retirado del proceso por una serie de declaraciones que emitió Roy Barreras este 1 de febrero en un programa de opinión de Cambio. Así lo argumentó en una comunicación escrita enviada al Consejo Nacional Electoral después de haber escuchado al exembajador.

Él citó palabras de Barreras, quien resumió un diálogo con el magistrado: “(...) Le dije, ‘hombre, Álvaro, yo entiendo el secreto de sus decisiones, pero veo en los medios que usted es uno de los tres ponentes, y yo esperaría que esa ponencia sea unánime en favor de Iván Cepeda’”; “él, por supuesto, prudente en su magistratura, me dijo, ‘nosotros no hemos hecho ponencia’”.

La interpretación de Farfán es que de estas manifestaciones se desprendería que Roy Barreras “mantiene comunicación directa y actual con el magistrado Álvaro Echeverry Londoño. La llamada fue realizada en coordinación con el propio Iván Cepeda, interesado directo en la actuación administrativa”.

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Entre sus argumentos, el exregistrador destacó: “En dicha comunicación se expresó una expectativa concreta sobre el sentido de la ponencia y adicionalmente, el magistrado —según lo narrado públicamente— suministró información específica sobre el estado interno de la deliberación, indicando que ‘no se ha hecho ponencia’, y que será esta la que determine la posición de los ponentes".

Para él, este escenario genera una duda razonable sobre la independencia del servidor público para continuar conociendo del asunto. Su petición es que el magistrado sea separado del expediente y “disponer lo necesario para que la actuación continúe sin la intervención del funcionario recusado, garantizando la imparcialidad de la decisión”.

Se espera que la solicitud del exregistrador sea resuelta este lunes. El CNE cree que este 2 de febrero podría aclarar el panorama, dado que la fecha límite para decir es el 6 del mismo mes.