En el interior de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad que se encarga de administrar, proteger y disponer de los bienes incautados a la mafia y a los criminales en el país, hay un gran ruido por lo que estaría sucediendo debido a la forma como se ha desarrollado un importante convenio.
Se trata del contrato que sostiene a Activos por Colombia, una plataforma sobre la cual la SAE tiene el ciento por ciento de las acciones y por donde se comercializan los bienes incautados. La alianza fue anunciada por la misma entidad en 2025 y para eso se firmó un contrato por 16.725.082.817 pesos con vigencia de un año.
El representante de Activos por Colombia es Abraham Antonio Katime Orcasita, con quien la presidenta de la entidad, Amelia Pérez, firmó el contrato. El objetivo es que se presten los servicios para la comercialización de los inmuebles.
Katime Orcasita hace abiertamente campaña por el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y ha compartido espacios con el presidente Gustavo Petro y otros líderes de ese sector, como él mismo lo ha exaltado en sus redes sociales. En las últimas semanas, al abogado y gerente general de esa plataforma se le ha visto haciendo proselitismo político en la costa Caribe con camisetas y logos del Pacto Histórico e Iván Cepeda, a través del movimiento Con Autonomía y Sin Permiso.
Las dudas sobre su relación con la SAE surgen porque, mientras Katime es el responsable del contrato de la venta de inmuebles de la SAE, invita a más personas a votar por el candidato Cepeda. Si bien no sería funcionario, se sabe que tiene una gran incidencia en la entidad por su rol como gerente de Activos por Colombia, lo que ha provocado ruidos internos al tener tamaña responsabilidad. Incluso, la entidad comparte declaraciones del contratista.
“Activos por Colombia es una sociedad de la propia SAE con más de 37 años de existencia, que en los últimos meses se transformó, preparó un recurso humano y desarrolló una cantidad de productos tecnológicos a la medida, al sastre de las necesidades de los activos especiales, para acelerar los procesos de comercialización y acercar a los clientes e inversionistas al portafolio de activos inmobiliarios”, anunció Katime desde las redes de la SAE cuando se lanzó la plataforma.
Activos por Colombia está registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla y, como menciona Katime, se creó el 14 de marzo de 1998, según lo establece la matrícula mercantil, con el nombre de Inmobiliaria J. D. Limitada. En 2025 cambió su razón social a Activos por Colombia.
Dentro de la entidad también generan dudas las comisiones. En el documento del convenio se menciona que esa plataforma tiene derecho a una comisión por la comercialización de los inmuebles, que es del 3 por ciento más IVA sobre el valor de la venta cuando el contratista no incurra en gastos para la elaboración de los avalúos, del 3,5 por ciento cuando tenga que asumir estos gastos y del 8 por ciento cuando sea para la administración del arriendo del inmueble.
SEMANA consultó a la SAE para conocer el alcance de estas comisiones y aclararon que la entidad recauda la totalidad de esos recursos y que en ningún momento Activos por Colombia administra esos ingresos, que son públicos.
Más allá de eso, las dudas sobre el contrato se produjeron porque internamente se habla de una supuesta duplicidad de funciones, pues las responsabilidades que desempeña Activos por Colombia serían similares a las que ya viene haciendo la SAE, que es la comercialización de los bienes.
SEMANA consultó a la SAE para saber el propósito de este contrato, si habría conflicto de interés y qué responsabilidades tienen dentro de la entidad. Aclararon que “lejos de ser un operador externo contratado en el mercado abierto, es un instrumento propio del esquema institucional del Estado colombiano, plenamente integrado bajo la supervisión y control de la SAE como entidad matriz”. Se encarga de administrar más de 38.000 inmuebles en el país y se habrían logrado ventas superiores a los 100.000 millones de pesos a través de subastas por su plataforma.
“Los recursos captados benefician a más de 40 entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras. El contrato 063-2025 no es un gasto: es una inversión con retorno social concreto y verificable”, dijeron desde la SAE y negaron que exista una duplicidad de funciones.
Según su argumentación, mientras que la entidad administra el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), se encarga del recaudo de los recursos, la supervisión técnica, jurídica y financiera, Activos por Colombia hace el servicio operativo de las subastas.
También han surgido dudas porque los funcionarios de la SAE ven cómo personas que han formado parte de Activos por Colombia han llegado a la entidad. Por ejemplo, mencionan el caso de Juan Carlos Albornoz, quien actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Tecnologías de la SAE. La misma entidad reconoció que Albornoz le prestó servicios a Activos por Colombia como profesional especializado en software y arquitectura en inteligencia artificial en un contrato que finalizó el 23 de marzo y luego fue vinculado a la SAE.
Otra de las dudas dentro de la entidad con este contrato es que las personas encargadas de Activos por Colombia puedan tener información privilegiada sobre los bienes inmuebles que se comercializarán. Desde la entidad respondieron que “el operador solo accede a información del portafolio expresamente asignado” y que cada acción queda registrada con una trazabilidad completa. “No hay acceso discrecional ni zonas grises”, agregaron.
SEMANA consultó a Abraham Antonio Katime por su responsabilidad en el contrato que representa con Activos por Colombia y la campaña que hace abiertamente por Cepeda. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Hackeo al sistema
Adicionalmente al contrato de Activos por Colombia, SEMANA conoció un episodio que sucedió el pasado mes de marzo en el que se registró la caída del sistema por más de 20 días. Lo sucedido ya está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía, pues hubo un cruce de versiones.
Por un lado, algunos funcionarios afirmaron que se habría tratado de un error humano, mientras que, por otro lado, se realizó un informe en el que se hablaba de un intento de hackeo. El problema es que durante prácticamente tres semanas los funcionarios no habrían podido consultar información ni acceder a sus correos, por lo que se despertaron dudas sobre lo que pudo haber pasado durante esos días en los que no habría claridad en la trazabilidad.
Sobre este punto en específico, la SAE respondió: “El 10 de marzo de 2026, la SAE identificó un incidente de seguridad tecnológica de carácter grave que comprometió la infraestructura de sus datacenters, afectando temporalmente el acceso de los funcionarios a los aplicativos corporativos. La Presidencia de la SAE y su equipo directivo actuaron con toda la celeridad que el caso exigía, en colaboración con el MinTIC y el comando cibernético de la Policía”. Agregó que los hallazgos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.