El concejal Julián Uscátegui presentó una demanda ante el Consejo de Estado que buscaría la anulación del Decreto 799 de 2025, el cual fragmentaba territorialmente el control judicial sobre actuaciones que, por su propia naturaleza, pueden tener alcance nacional e incluso internacional.
La medida habría modificado las reglas de reparto de las acciones de tutela dirigidas contra actuaciones u omisiones del presidente de la República, incluidas aquellas relacionadas con seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos, para que sean conocidas en primera instancia por jueces de circuito de todo el país, en lugar del Consejo de Estado.
De acuerdo con Uscátegui, la medida permitía que una misma actuación del Gobierno nacional pueda terminar siendo analizada por diferentes jueces y recibir decisiones distintas o incluso contradictorias dependiendo del territorio donde se presente la tutela.
“No podemos permitir que una misma actuación del Gobierno nacional tenga consecuencias judiciales diferentes simplemente por el lugar donde se presenta una tutela. La justicia debe garantizar igualdad, seguridad jurídica y coherencia, especialmente cuando estamos hablando de decisiones que tienen alcance nacional”, detalló el concejal.
Adicional a la solicitud de nulidad, el concejal también solicitó al Consejo de Estado que dicte la suspensión provisional de sus efectos mientras se resuelve de fondo la demanda. Dicha solicitud buscaría evitar que durante el trámite judicial se consolide el riesgo de decisiones incompatibles frente a una misma actuación estatal de carácter nacional.
“La discusión no es política, es constitucional. Una regla administrativa no puede estar por encima de los principios de igualdad, seguridad jurídica, juez natural e independencia judicial. Lo que estamos pidiendo es que exista un control judicial coherente sobre actuaciones que tienen alcance nacional”, dijo el cabildante.
Ahora, será la jurisdicción contencioso-administrativa la que determine la constitucionalidad y legalidad de la modificación introducida por el anterior gobierno.