En un fallo de 37 páginas, el Consejo de Estado decidió respaldar una sentencia que negó la solicitud de pérdida de investidura de diez congresistas que habían promovido la ‘vaca’ del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para la finalización de las obras de las vías 4G.
Es decir, una nueva derrota para el abogado paisa Carlos Mario Patiño González, que se había empeñado en pedir que la Corporación declarara la “muerte política” de los senadores Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina y Miguel Uribe Turbay; y a los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, Jhon Jairo Berrío López y Julián Peinado Ramírez, elegidos para el período constitucional 2022-2026.
Según el jurista, los congresistas incurrieron en la causal de pérdida de investidura señalada en el numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución Política, por cuanto violaron el régimen de incompatibilidades al celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno con entidades públicas al apoyar la iniciativa del gobernador para reunir 1 billón de pesos y poder finalizar esas obras.
Sin embargo, en una primera instancia, a la Sala Segunda Especial de Decisión de Pérdida de Investidura también del Consejo de Estado ya le había sido negada su petición. Consideró que los congresistas señalados no firmaron ningún contrato y que “los beneficiarios con la terminación de las obras viales no eran los congresistas ni terceros determinados o determinables, sino la comunidad en general”.
El abogado Patiño González apeló esa decisión y el 11 de agosto el Consejo de Estado le volvió a negar la petición.
“En el presente caso, se advierte que no se celebró ningún contrato estatal entre el departamento de Antioquia y los congresistas censurados, pues no hay prueba de que el acuerdo de voluntades haya sido elevado a escrito, en tanto fue voluntad del legislador revestir de solemnidad el contrato estatal”.
Además, el Consejo de Estado concluyó que “el hecho de que los congresistas hubieran manifestado públicamente su intención de contribuir con la financiación de las obras viales o que incluso hubieren efectuado el correspondiente desembolso no permite inferir, sin más, la existencia de un contrato estatal”.