Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, interpuso una denuncia penal contra la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por el delito de prevaricato por acción.

La denuncia fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia luego de que, a través de un auto, la congresista ordenara la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

De acuerdo con Henao, la congresista del Pacto Histórico actuó en contra del procedimiento que dicta la Constitución para juzgar a un presidente.

“La propia providencia reconoce de manera expresa que la Constitución establece un procedimiento especial para el juzgamiento del Presidente de la República, que involucra a la Cámara de Representantes y al Senado”, se lee en la denuncia.

Y agregó: “No obstante, la denunciada decidió apartarse de esa regla constitucional expresa y aplicar de forma directa la legislación disciplinaria, decretando por sí sola la suspensión del jefe de Estado”.

El abogado argumenta que la contrariedad con la ley no se trata de un error, “sino de una usurpación de competencia frente a una regla clara, lo que satisface el tercer elemento del tipo”.

La representante Gloria Arizabaleta, quien suspendió a Petro, se sostiene en su polémica decisión y anuncia que será enviada al presidente del Senado

Además, aseguró que la decisión se tomó con dolo: “Quien reconoce expresamente la regla y, no obstante, resuelve apartarse de ella, actúa con pleno conocimiento de que su decisión desborda el ordenamiento”.

“Estos elementos, en conjunto, permiten inferir que la actuación no obedeció a un error de buena fe, sino a un proceder consciente y dirigido, lo que deberá esclarecerse en la investigación“, agregó Henao en el documento.

Se trata de la primera denuncia contra Arizabaleta, congresista del Pacto Histórico y exesposa de Roy Barreras. Luego de que el auto saliera a la luz, la parlamentaria ha recibido una ola de críticas por presuntamente no tener las facultades para ordenar la suspensión del presidente.