La operación Azarías dejó un importante resultado para la Fuerza Pública en su ofensiva contra las estructuras de alias Iván Mordisco en Guaviare. Según el reporte oficial citado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, 23 miembros de esas estructuras murieron durante la operación, entre ellos algunos de sus mandos.
El presidente de la República hizo un anuncio en el que, acompañado del Ejército, caminó cerca de los cuerpos mientras se presentaban públicamente los resultados exitosos de la operación.
Las imágenes provocaron un pronunciamiento de Marín, quien planteó una reflexión sobre la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus acciones militares.
La defensora mencionó además que, según Medicina Legal, dos de las personas muertas eran menores de edad. En su intervención no afirmó que la operación fuera ilegítima y, por el contrario, reconoció expresamente el deber del Estado de enfrentar a los grupos armados.
Iris Marín cuestionó las imágenes del presidente
“No recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, manifestó Marín.
La defensora reconoció que los grupos armados que participan en el conflicto actúan con crueldad y desconocen reglas mínimas de humanidad. Sin embargo, consideró que el Estado debe diferenciarse de esas organizaciones incluso al momento de comunicar sus resultados.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”, señaló.
Marín aclaró que su reflexión no desconocía el deber del Estado ni cuestionaba por sí misma las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Su reparo, explicó, estaba dirigido a la manera como el poder público presenta sus resultados.
También recordó que el derecho internacional humanitario permite la baja de combatientes en determinadas circunstancias del conflicto armado, pero establece límites y exige respeto por los muertos.
“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, sostuvo.
No obstante, hizo una salvedad expresa sobre Azarías: “No planteamos con esto que los cuerpos en tulas de la operación Azarías atiendan esa lógica”. Su llamado fue a utilizar indicadores de seguridad que también tengan en cuenta los derechos garantizados y las vidas salvadas.
Guillermo Blanco rechazó los cuestionamientos y pidió rectificar
Tras el pronunciamiento de la defensora, en redes sociales varias figuras públicas reaccionaron; entre ellas, el representante a la Cámara por Santander y coronel retirado Guillermo Blanco respondió al pronunciamiento y rechazó particularmente la referencia de Marín a una “competencia” de crueldad.
“Señora Defensora, es un error poner al Estado y a los grupos armados ilegales en un mismo plano de ‘crueldad’. Crueldad es reclutar menores, extorsionar, secuestrar, sembrar minas y asesinar civiles”, afirmó.
Blanco defendió las diferencias que, a su juicio, existen entre las actuaciones de la Fuerza Pública y las de las estructuras armadas ilegales, particularmente por el marco jurídico al que están sometidas las instituciones estatales.
“La Fuerza Pública está sometida a la Constitución, la ley, el DIH y reglas operacionales. Si existen conductas ilegales, se investigan y sancionan; pero combatir legítimamente a una estructura criminal no convierte al Estado en equivalente moral de quien delinque sistemáticamente”, señaló.
El representante a la Cámara por Santander cerró su mensaje con una petición directa a la defensora del Pueblo: “Sus palabras merecen una rectificación”.
Marín, de hecho, reconoció en su propio pronunciamiento el papel de los uniformados en la lucha contra las organizaciones armadas: “La acción militar del Estado es un deber, es un deber que heroicamente miembros de la Fuerza Pública cumplen exponiendo su vida para proteger a la población”.
Resultados del Gobierno desde el 7 de agosto
Este domingo 6 de septiembre, Abelardo De La Espriella difundió las cifras acumuladas desde el pasado 7 de agosto sobre las operaciones en contra de grupos al margen de la ley.
Según el balance presidencial, durante ese periodo se han producido 14.914 capturas, han sido incautados 49.379 kilogramos de estupefacientes y se han sacado de circulación 1.485 armas de fuego. A esto se suma la erradicación de 1.320,9 hectáreas de coca.
De La Espriella también reportó que en las últimas 24 horas fueron ubicados cinco laboratorios dedicados al procesamiento de pasta base de coca y mencionó acciones contra la minería ilegal.
La defensora sostuvo que su llamado no es a renunciar a esa respuesta militar, sino a mantener los límites constitucionales, legales y humanitarios en el ejercicio y la comunicación del poder estatal.