La lucha contra las drogas debe dar un salto estratégico. Las respuestas nacionales son insuficientes ante un delito que exige cada vez más acción transnacional. La región andina es el centro mundial de la cocaína y las economías ilícitas la principal amenaza a la seguridad nacional y a la democracia.
Los cultivos de coca más grandes del mundo están en áreas de frontera de Colombia con Ecuador, Perú y Venezuela, donde además prevalecen grupos armados organizados. El Informe Mundial contra las Drogas 2026, recién publicado, señala que la producción de cocaína proveniente de Sudamérica se cuadriplicó en la última década y se estima en 4.100 toneladas en 2024, “impulsada principalmente por aumentos en la productividad y la superficie cultivada”. El informe registra que los altos niveles de violencia se relacionan con el narcotráfico y que la demanda de cocaína aumenta y se expande a nuevos mercados.
La violencia en el norte de Ecuador tiene estrecha relación con la expansión de los cultivos ilícitos, que crecieron en 43 % entre 2023 y 2024 en el enclave de frontera en Tumaco. A pesar del tiempo, no se debe pasar por alto que decisiones del Gobierno de Rafael Correa contribuyeron significativamente a la crisis de la seguridad y a expandir el narcotráfico. En 2008 impidió la aspersión de cultivos de coca en Colombia en una franja de 10 kilómetros a partir del límite y a todo lo largo de la frontera, transformando esa zona en un santuario de coca y de devastación de la selva amazónica. Así mismo, no renovar el convenio (2009) que permitía el uso de la base de Manta a Estados Unidos en operaciones contra el narcotráfico, afectó severamente la cooperación y la interdicción de cargamentos de cocaína. Una oportunidad que las mafias aprovecharon para desplazar la salida de sus rutas a Ecuador y evadir el control marítimo y aéreo colombiano. Eso impactó, sin duda, los factores que confluyeron en el surgimiento de las bandas que hoy azotan a esa nación.
Perú mantiene 89.755 hectáreas de coca en 2024, algunas de las cuales están cerca de Ecuador o sobre la frontera con Colombia. En áreas de cultivos se mantienen remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso y otros aparatos armados. En Venezuela, las disidencias de las Farc y el ELN continúan, por ahora, sin ninguna dificultad y su territorio sigue siendo plataforma de salida de rutas del narcotráfico. Y en Colombia, la inacción gubernamental dejó 261 mil hectáreas de coca y cerca de 3.001 toneladas potenciales de producción de cocaína en 2024. Junto a eso, los grupos armados organizados, según el Ministerio de Defensa, pasaron de 13.180 integrantes en 2021 a 27.367 en diciembre de 2025.
Ese panorama evidencia que dar el salto a un gran esfuerzo transnacional, conjunto, integral, coordinado y sostenido, es definitivo. Además de que cada país haga lo que le toca, como lo señala la directora Ejecutiva de UNODC, Mónica Juma, “la necesidad de centrarse en desarticular a los grupos del crimen organizado nunca ha sido tan urgente. Debemos intensificar los esfuerzos de disuasión, aumentar el intercambio de inteligencia y coordinar operaciones conjuntas”.
Nunca antes se presentaron condiciones políticas tan favorables a una iniciativa regional de esa naturaleza. La elección de Abelardo de la Espriella en Colombia y de Keyko Fujimori en Perú, junto al liderazgo de Daniel Noboa en Ecuador y la eventual consolidación de un cambio sustancial en Venezuela, representan una gran oportunidad en la lucha contra el narcotráfico y el control de las fronteras. La Casa Blanca ha dado prioridad a América Latina y a la lucha contra las drogas, lo cual sirve para que esos gobiernos de forma autónoma y soberana acuerden un Escudo Andino que salvaguarde los intereses nacionales y reciba el apoyo estadounidense. La lucha contra el narcotráfico no puede verse como una imposición foránea sino como una urgencia nacional.
El Escudo Andino se constituiría como un mecanismo permanente de cooperación en seguridad y transformación territorial. Su vocación es la acción, no la retórica diplomática. Se debe desarrollar a través de planes de seguridad fronteriza, diseñados y acordados por los gobiernos, con participación de las Fuerzas Armadas y las agencias de desarrollo social y económico. Los gabinetes binacionales, las COMBIFRON y los planes binacionales de seguridad fronteriza acordados por Colombia con Ecuador, Perú, Brasil y Panamá en 2010 y 2011, aportan lecciones útiles sobre su organización, operatividad y alcance. También las hay en múltiples mecanismos y prácticas de cooperación existentes entre las Fuerzas Militares y de Policías de los países. La clave es la voluntad política y el liderazgo para concertarlos y ejecutarlos.
En materia de seguridad esos planes deben comprender mecanismos de intercambio seguro de información de inteligencia que conduzcan a la neutralización de cabecillas y estructuras armadas; planeamiento, coordinación y ejecución compartida de operaciones militares y de operativos de policía; vigilancia y fortalecimiento de capacidades de interdicción aérea, terrestre y marítima; cerrar los pasos fronterizos ilegales con tecnología, inteligencia y despliegue militar de ambos lados de la frontera; cooperación judicial y efectivo control migratorio. Requieren el respaldo decidido del Comando Sur de los Estados Unidos y la DEA, bajo los esquemas jurídicos permitidos en cada país. En el caso de Colombia y Perú, es indispensable el apoyo al objetivo de eliminar los cultivos de coca. Es importante que esas acciones no se queden en el afán de reportar estadísticas, a partir de simples intercambios de información, sino que sean en realidad, en el terreno, contundentes operaciones multinacionales y conjuntas combinadas.
Por otro lado, controlar, por ejemplo, el río Putumayo, que une a tres de esos países, no es posible solamente con despliegue militar. Los planes binacionales deben contener estrategias de transformación fronteriza, a partir del desarrollo integral y de la generación de condiciones que posibiliten sustituir las economías ilícitas por lícitas. Eso debe asumirse con una visión de más Estado, más mercado y más derechos para la gente. Ese es el verdadero reto estratégico. Obviarlo es mantener una estrategia que durante décadas ha demostrado ser insuficiente. La complejidad de las fronteras únicamente puede enfrentarse con un esfuerzo intergubernamental y la participación de los gobiernos locales. Solo así se conseguirá la disrupción de las economías ilícitas que son el centro de gravedad de los grupos armados.
De La Espriella, Fujimori y Noboa tienen el liderazgo, la capacidad y la fuerza que necesita una iniciativa con ese alcance. Trump encontrará aliados e intereses comunes. Con su impulso, el régimen de Venezuela deberá demostrar su ruptura con el tráfico de cocaína y con los grupos narcoterroristas colombianos. No puede seguir siendo refugio de criminales. En síntesis, la región andina tiene una oportunidad histórica que debe aprovechar. Si los Estados no se integran para enfrentar el desafío, las organizaciones criminales y las economías ilícitas seguirán expandiéndose sin fronteras.
*Exconsejero presidencial para la seguridad nacional y exviceministro de Defensa.