Las decisiones en Coosalud, tanto en la EPS como en la cooperativa, ambas intervenidas por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro desde 2024, siguen generando revuelo.
La exsuperintendente Solidaria María José Navarro se refirió a unos pagos que se habrían hecho en medio de esa intervención en casinos y prostíbulos.
La exfuncionaria afirmó que no se trata de recursos de la salud. “Los hechos denunciados en las últimas horas sobre Coosalud ya habían sido conocidos, investigados y denunciados ante la Fiscalía desde febrero de 2026. No corresponden a pagos realizados desde la EPS, ni, según lo que identificamos, a recursos de la salud”, aseguró Navarro.
Según la exsupersolidaria, la persona involucrada fue retirada del cargo una vez se conocieron estos hechos.
“Los pagos en casinos y establecimientos nocturnos salieron de cuentas de Portichelly, una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa, no a la EPS. Si alguien utilizó indebidamente esos recursos, que responda ante la justicia, pero no pueden presentar como un nuevo hallazgo lo que nosotros mismos ya denunciamos”, aseguró Navarro.
De otro lado, la exsuperintendente cuestionó el manejo de la EPS y dijo que desde 2022 pusieron en alerta a la Fiscalía por estos hechos.
Según ella, bajo la administración de Jaime González, expresidente de Coosalud, presuntamente se habrían “ocultado pasivos de la EPS superiores a 400.000 millones de pesos”.
Asimismo, denunció un crédito por 221.000 millones de pesos que supuestamente iba a capitalizar la EPS, pero sobre el cual dijo que solo ingresaron 40.000 a la EPS. Agregó que ese crédito se habría pagado presuntamente con recursos de la salud y que “el resto de recursos fueron a parar a negocios con terceros”.
Según denunció el portal Cambio en las últimas horas, durante la intervención de la Cooperativa Coosalud, que estaba en manos de la Supersolidaria, se realizaron movimientos financieros en 2025 a través de tarjetas corporativas de Inversiones Portichelly, una empresa vinculada a la cooperativa, para hacer pagos en casinos y prostíbulos.
“Frente a cualquier denuncia sobre presuntos hechos de corrupción o irregularidades administrativas que se hayan podido presentar durante el Gobierno anterior, corresponde a las autoridades competentes adelantar las investigaciones, esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales a que haya lugar, con pleno respeto por el debido proceso”, dijeron desde la EPS.