En un documento de 45 páginas que condensa la denuncia contra la ahora exsuperintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, se advierten los detalles de lo que consideran fue una “trampa” en un procedimiento de la Supersolidaria, que en la función pública resulta ser un prevaricato. Todo esto para lograr el control de la EPS Coosalud, luego de un anuncio del entonces presidente Gustavo Petro.

“El razonamiento de fondo puede enunciarse en pocas líneas. La orden pública recayó sobre la EPS: el 6 de noviembre de 2024 el presidente de la República manifestó que Coosalud EPS debía ser intervenida y 16 días después la Superintendencia Nacional de Salud la intervino”, indicó la denuncia presentada por el abogado Julián Quintana.
El documento explicó que, tras el señalamiento del entonces presidente Petro, la Supersalud arrancó el proceso de intervención de la EPS Coosalud; sin embargo, el control mayoritario de la EPS estaba en manos de la Cooperativa Coosalud, donde la Supersalud no tenía competencia.
En ese momento se habría empezado a concretar la “trampa” en el procedimiento de la Supersolidaria, que sí tenía competencia en la Cooperativa Coosalud, para de esta forma tomar el control total de la EPS. Esa “jugada”, en criterio de los afectados, se convirtió en el argumento para denunciar a la entonces superintendente Navarro.

“La cooperativa nunca fue el objetivo de ninguna manifestación pública, de ninguna directriz y de ningún hallazgo previo. Fue el obstáculo. Y la toma de posesión —la medida más gravosa del ordenamiento sectorial, reservada por la ley para conjurar riesgos graves sobre el ahorro y sobre los derechos de los asociados— se empleó para removerlo”, señaló la denuncia en poder de la Fiscalía.
El procedimiento que adelantó la Supersolidaria, de acuerdo con la denuncia, fue irregular. Incluyeron elementos que no existían e impidieron el legítimo derecho a la contradicción que tenían las partes, todo con el objetivo de sacar del camino a la cooperativa y de esta manera asumir el control total de la EPS, que quedó en el radar del entonces presidente Petro.
“Construyó artificialmente un cuadro de ‘incumplimiento reiterado’ y ‘renuencia’ mediante requerimientos duplicados dentro de un mismo término y mediante la omisión deliberada de comunicaciones previas cuya existencia constaba en sus propios archivos; (ii) incorporó a la motivación del acto una carpeta de anexos alojada”, advirtió el documento.

En la denuncia, las víctimas piden a la Fiscalía adelantar una investigación contra Navarro y ordenar una serie de actos de investigación que incluyen inspecciones y validación de peritajes forenses adjuntados en el documento como elementos de prueba de lo que consideran un procedimiento irregular de la Supersolidaria.
