Como lo había anticipado SEMANA, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento restrictiva de la libertad al senador Alirio Barrera.
La decisión se tomó al resolver la situación jurídica del congresista del Centro Democrático, quien seguirá siendo investigado por el delito de acto sexual violento.
Los hechos materia de investigación se presentaron en el año 2016 cuando Alirio Barrera se desempeñaba como gobernador de Casanare.
La denunciante señaló que siendo funcionaria de la Gobernación fue a buscar a Alirio Barrera en su despacho con el fin de obtener un apoyo para un evento que estaban planeando las juventudes cristianas en la ciudad de Yopal.
La joven, quien hacía parte de la iglesia, logró una reunión para hablar del tema.
Cuando fue a explicarle el evento, indica, el gobernador la besó a la fuerza. Esto, pese a sus múltiples rechazos e intentos por zafarse del dirigente político.
Después, añadió la denunciante, el mandatario departamental sacó una maleta y le dio 400.000 pesos en efectivo para que se los entregara a la iglesia.
La joven ha manifestado en repetidas instancias que, debido al poder político de Alirio Barrera y por miedo a las represalias a ella y a su núcleo familiar, no había tomado la decisión de presentar la denuncia.
Por esto, solamente presentó la denuncia en el año de 2025 ante la Fiscalía. Sin embargo, por el fuero constitucional del congresista el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia.
La joven ha señalado además que cuando ingresó a la oficina del gobernador -por razones de protocolo- le quitaron el teléfono celular, por lo que no pudo grabar ni registrar absolutamente nada.
Cuando se conoció la denuncia, desde el equipo del senador del Centro Democrático manifestaron que la denuncia no tenía ningún sustento, aseverando que todo se trataba de una nueva estrategia política para afectar el buen nombre y la honra del congresista.
Para esto, señalaron directamente a una persona que actualmente trabaja en la Gobernación del Casanare, quien se ha declarado públicamente como un enemigo político.