El presidente de la República, Gustavo Petro, encendió una nueva discusión en el país, en medio de las múltiples jornadas de protestas en diferentes regiones, especialmente en Santander, por el alto costo del impuesto predial.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se pronunció el pasado viernes, 10 de abril, por los altos costos del impuesto predial y señaló a las autoridades municipales como las responsables de definir la tarifa.
Petro aseguró que el incremento de este impuesto se compone de dos elementos fundamentales: una tasa que pone el concejo municipal, por iniciativa del alcalde municipal, y una base que pone el avalúo catastral.
“Los pequeños y grandes propietarios pagan sus impuestos de acuerdo a la tasa del impuesto predial que pone el municipio”, señaló el presidente, al explicar que “el avalúo catastral no se modifica desde hace 20 años”.
Inclusive, el mandatario colombiano hizo una petición a los alcaldes, para que pongan el impuesto predial más alto “a las haciendas no productivas, a los lotes de engorde en el casco urbano” y el impuesto más bajo a “campesinos, pequeños productores agrarios y dueños de casas de estrato 1, 2 y 3″.
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) se pronunció sobre este tema, rechazando las declaraciones del presidente de la República, en las que responsabiliza a los alcaldes por el incremento.
“Culpar a los alcaldes de los aumentos en el predial que hoy perciben los ciudadanos es irresponsable y demagógico, los municipios están cumpliendo la ley basándose en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro”, afirmó el director Ejecutivo, Gilberto Toro Giraldo.
La entidad resaltó que “los mandatarios locales no están actuando por capricho o interés propio al definir los avalúos catastrales, sino en el marco del cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, que ordenó una actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.
Por eso, advirtió que esta medida ha generado impactos sociales y administrativos en los territorios, incluyendo inconformidad ciudadana y un aumento en las reclamaciones, pese a que los municipios no tienen competencia sobre la determinación de los avalúos.
“Se requiere mayor articulación y pedagogía desde el Gobierno Nacional para evitar desinformación y afectaciones a la gobernabilidad local”, agregó Toro.