Apenas horas después de que se cayera la propuesta para que el Presidente pudiera indultar a condenados por delitos en medio de la protesta, el Gobierno nacional comenzó a hablar de otra figura bastante polémica: la amnistía.
La propuesta del indulto para estos detenidos estaba contenida en el proyecto de ley que prorroga y modifica la Ley 418 o de orden público y en la cual se incluyeron otros elementos para avanzar en el propósito de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, este domingo, los autores y ponentes de la iniciativa confirmaron que los artículos relacionados con el indulto a condenados en las manifestaciones serán retirados.
En estos casos, según las autoridades, hay miembros de la primera línea señalados de delitos como lesiones personales y daño en bien público, los cuales, para varios sectores, no tendrían nada que ver con el derecho a la protesta social.
Este domingo en la tarde, el viceministro del Interior, Gustavo García, planteó la figura de la “amnistía” para estos detenidos. Lo hizo en medio de un diálogo con manifestantes, presuntamente integrantes de la primera línea, y luego de la liberación de algunas personas señaladas de haber protagonizado ataques contra integrantes de la Policía Nacional.
De acuerdo con el viceministro, el propósito es que “más allá del indulto haya una situación diferente, que haya amnistía”.
“Lamentablemente, nuestra ley ―lamentablemente o no y es la forma en que funcionan las cosas― y nuestra Constitución actual imponen unas reglas para poder aprobar eso en el Congreso, y no se contaba con ellas porque el proceso empezó desde antes”, afirmó el funcionario con un megáfono frente a algunos manifestantes.
García, quien apareció dentro de una tanqueta en la liberación de los señalados de las agresiones a la Policía, confirmó que “lo que hay que hacer es presentar un nuevo proyecto con el que podamos seguir dicho proceso”, como lo han afirmado otros congresistas del Pacto Histórico, la plataforma política que acompaña a Petro.
“La indicación que yo tengo es que mañana mismo (hoy lunes), si quieren, nos sentemos a trabajarlo, que podamos hacerlo, que lo hagamos, y por eso me mandan a mí, para poner esa capacidad del Gobierno a trabajar con ustedes”, afirma García en un video publicado por el abogado Daniel Briceño.
Y agregó que hoy ―como Gobierno y como sociedad― existen “muchas heridas que sanar”, y que una de ellas es “la represión a la protesta y no hablar de que la gente debe dejar de protestar y ya, porque eso se llama contención”.
Las palabras del viceministro García coinciden con lo que le dijo el senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar a SEMANA este domingo, cuando habló de la necesidad de tramitar un proyecto de ley en el Congreso para definir el tratamiento que se les dará a los detenidos y condenados en medio de las protestas sociales.
“Nosotros queremos darles un parte de tranquilidad a los jóvenes y es que desde el Gobierno y desde el Pacto Histórico vamos a trabajar para solucionarles los problemas judiciales (...) Esta ley no se ha hecho y por eso no podría decir cuál es el articulado, pero sí tenemos que jugárnosla. El estallido social tuvo unas demandas que este Gobierno tiene que solucionar y parte de esas demandas es la incomprensión por parte de estos jóvenes de por qué un corrupto que les roba las oportunidades sí tiene casa por cárcel y un indulto implícito, que es la impunidad”, le dijo el congresista a esta revista.
A primeras luces, la figura de la amnistía para estos ciudadanos podría generar una fuerte polémica entre los sectores políticos en el Congreso, especialmente por la clase de delitos de los que son señalados los integrantes de la primera línea que están privados de la libertad.
En tiempos recientes, la amnistía ha sido aplicada a personas que han estado señaladas de delitos políticos ―rebelión, asonada y sedición― y conexos. La figura se uso, por ejemplo, con varios integrantes de las Farc que no estaba siendo procesados por delitos de lesa humanidad.
Desde antes de posesionarse como presidente, Gustavo Petro ha hecho llamados a las autoridades para que liberen a las personas privadas de la libertad en medio de las protestas, pero la respuesta que ha recibido es la necesidad de reformar la ley, tomando en cuenta que varios de los detenidos están señalados de lesiones personales y daño en bien público.
SEMANA supo que entre algunos de estos manifestantes de la primera línea existe malestar por el supuesto incumplimiento del Gobierno nacional de sus anuncios sobre acabar con el Esmad, propuesta que ha sido rechazada por diferentes sectores de la fuerza pública y de algunos partidos políticos.