El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó ante el Congreso una reforma denominada ‘antimermelada’, con la que el Gobierno busca establecer nuevas reglas para las gestiones de los congresistas ante el Ejecutivo y garantizar mayor transparencia en la promoción de proyectos para sus regiones.
Uno de los principales cambios consiste en crear un registro público en el que quede constancia de las iniciativas de inversión que presenten los parlamentarios para sus municipios y departamentos. La información permitirá conocer quién postuló cada proyecto, cuál es su objetivo, dónde se ejecutaría y cuándo fue presentado.
“Cualquier colombiano podrá consultar”, explicó Lara, al señalar que los congresistas podrán promover obras sin recurrir a gestiones reservadas y bajo un mecanismo abierto al escrutinio ciudadano.
La iniciativa también establece una separación entre la presentación de proyectos y la contratación estatal. Según el ministro, los parlamentarios podrán exponer las necesidades de sus territorios, pero no participar en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos.
Las restricciones, agregó, buscan evitar beneficios particulares para los congresistas, sus familiares, socios o financiadores de campaña.
Otro de los puntos centrales es precisar las competencias de cada rama del poder público. La postulación de una iniciativa no implicará su aprobación ni garantizará recursos, pues el Gobierno mantendrá la responsabilidad de formular el presupuesto conforme al Plan Nacional de Desarrollo y a criterios verificables.
Finalmente, el proyecto plantea revisar el régimen de conflictos de intereses en el Legislativo. Lara sostuvo que las reglas actuales son ambiguas tanto para sancionar conductas irregulares como para proteger las actuaciones legítimas de los parlamentarios.
La reforma iniciará su trámite legislativo, durante el cual el Congreso deberá debatir sus disposiciones y definir el alcance de los mecanismos propuestos para regular estas gestiones.