La secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, Cristina Lombana, solicitó la intervención inmediata de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Esta acción, realizada por instrucción directa del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, busca enfrentar de manera frontal la corrupción en el archipiélago, donde el Gobierno ha evidenciado algunos focos.
A través de un video publicado por la Presidencia de la República, Lombana enfatizó en los tres pilares innegociables de la administración: “el carácter sagrado de los recursos públicos, la premisa de que nadie está por encima de la ley y el derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas”.
La exmagistrada explicó detalladamente cómo opera la cooptación de la contratación pública, un fenómeno que describió como un proceso silencioso pero devastador. Este entramado inicia cuando un grupo reducido de contratistas recurrentes se apropia de los contratos regionales mediante procesos diseñados a la medida y de oferente único.
Posteriormente, estos actores financian campañas políticas para apoderarse de las gobernaciones y alcaldías, decidiendo de manera arbitraria qué se contrata, con quién y por cuánto dinero. Finalmente, el círculo de corrupción se cierra con la captura de los organismos de control locales, señaló Lombana.
Esto fue precisamente lo que el Gobierno nacional ha evidenciado en la isla, tras una visita de trabajo del presidente De La Espriella, donde escuchó directamente a los ciudadanos, que denunciaron múltiples obras inconclusas, servicios deficientes y la inacción de los organismos de control.
Ante esto, advirtió firmemente que no se tolerarán más estas prácticas, haciendo alusión directa a irregularidades en Coralina. “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, enfatizó De La Espriella en su visita.
Para desarticular este entramado, la secretaria de Transparencia solicitó formalmente a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía la creación de un grupo conjunto de intervención inmediata bajo tres requerimientos específicos.
El primero tiene que ver con el traslado de investigaciones a Bogotá, con el objetivo de que estos procesos se asuman directamente desde la capital del país, para protegerlos de las presiones y tentáculos corruptos.
También se pidieron facultades especiales, para que la Procuraduría ejerza su poder preferente y la Contraloría aplique su control excepcional ante la insuficiencia del control local. Además, el grupo especial de investigación debe ser conformado con un equipo externo a la isla.
Finalmente, Lombana envió un mensaje contundente a quienes han convertido la contratación en un negocio privado, advirtiéndoles que “la distancia con Bogotá ya no es garantía de impunidad”, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía honesta para denunciar cualquier acto de corrupción.