El problema que enfrenta Bogotá, tras las irregularidades encontradas en el Estadio El Campín, por cuenta de un mal manejo en el cuidado de la grama y en la repartición del escenario, entre conciertos y fútbol, ha destapado nuevos entramados de posibles actuaciones ilegales.

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El concejal Juan David Quintero se refirió a la situación con Sencia y aseguró que tenía información sobre un “presunto pago ilegal que se habría dado por $26.000 millones a los accionistas de Sencia y nuevas irregularidades con la APP de El Campín”.

Juan David Quintero cuestionó los cambios en las condiciones contractuales de la APP de El Campín y pidió a los organismos de control investigar las modificaciones. Foto: Concejo de Bogotá

Respecto a este pago, el concejal detalló que el 28 de octubre de 2024, Sencia pagó $26.101.691.506 a APP CDEC S. A. S., sociedad que originó el proyecto y que terminó obteniendo la adjudicación.

Tras este antecedente, planteó la pregunta de “por qué se reconocieron costos de estructuración al mismo originador que se quedó con la concesión, si la Ley 1508 de 2012 contempla ese reconocimiento cuando el originador no resulta seleccionado”.

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Luego, detalló un segundo aspecto que calificó como irregular y aseguró que una cláusula cambió después de abrir el proceso. Según explicó, la minuta original establecía que los costos de estructuración se reconocían si ganaba un tercero. Pero esa condición cambió en el contrato firmado y permitió el pago a APP CDEC S. A. S.

El concejal alertó sobre presuntas irregularidades en el contrato de Sencia, entre ellas el reconocimiento de costos de estructuración y la ampliación de los plazos de ejecución. Foto: Dimayor

“¿Quién modificó esa cláusula, quién autorizó el cambio y cuál fue su justificación jurídica? Los organismos de control deben revisar las diferencias entre ambos documentos”, detalló.

Además, criticó el otorgamiento de un mayor tiempo para financiar y construir, pues en julio de 2025, un otrosí amplió la preconstrucción de 12 a 16 meses, la construcción de 42 a 44 meses y el plazo para acreditar el cierre financiero de 360 días a 15,5 meses.

“Permitió mantener la explotación completa del viejo estadio durante las obras. El IDRD debe explicar por qué consideró que estos cambios no alteraron la naturaleza del contrato. No estoy cuestionando las APP como modelo. Estoy exigiendo transparencia, rigor y legalidad en una concesión que compromete el futuro de un escenario emblemático de Bogotá”, indicó.

La polémica por la administración de El Campín suma nuevos cuestionamientos sobre la transparencia de la concesión y las decisiones que permitieron modificar sus condiciones iniciales. Foto: Colprensa.