En medio de la tensión que se ha vivido por la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, y los intentos de Gustavo Petro por afirmar que víctimas como el magistrado Manuel Gaona Cruz no murieron por las balas del M-19, el primer mandatario anunció un hecho que podría reabrir una herida.
“Pediré perdón este 9 de noviembre en Santa Marta”, dice en un trino. Pero aclara que no será por los hechos que Colombia ha conmemorado esta semana, sino por la persecución que ha vivido la izquierda en el país.
“El mundo debe saber que en Colombia hubo un exterminio de la izquierda, como hicieron los nazis en Alemania, los facios en Italia, los franquistas en España, o la dictadura indonesia. Son 6.200 militantes de izquierda, la mayoría obreros del banano, del carbón, maestros, estudiantes asesinados por una alianza entre el narcotráfico y el Estado colombiano en los años ochenta y noventa”, sostiene.
“Pediré perdón este 9 de noviembre en Santa Marta, a los familiares víctimas del genocidio político a nombre del Estado colombiano; para ello, hemos invitado a las cortes de la justicia y al Congreso de la República para que no se vuelva a repetir”, asegura.
La izquierda, en efecto, ha sido una víctima visible de la guerra en el país y también del Estado. Así lo han reconocido numerosas sentencias nacionales e internacionales. El caso de la Unión Patriótica es particularmente claro y doloroso. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por el exterminio de la UP y, en efecto, calculó en 6.000 los integrantes y militantes en el universo de víctimas.
Pero el pedido de perdón en la misma semana de la conmemoración, y sin mencionar esa tragedia que tuvo como responsable al grupo subversivo en el que el primer mandatario militó, el M-19, es también una provocación.
El primer mandatario compartió con ese trino una noticia de RTVC, el medio público del Estado, en la que se asegura que, en medio de la Cumbre de la Celac, el presidente pedirá perdón a las víctimas de la Unión Patriótica. En ese reportaje se cuenta la historia de la lucha judicial de la UP y la sentencia de 2023, que ordenó al Estado colombiano reconocer su responsabilidad internacional en esos hechos.
Dos candidatos presidenciales y múltiples líderes políticos de ese movimiento fueron asesinados en las décadas de 1980 y 1990. Esos crímenes han sido atribuidos al Estado.
El acto de perdón a la UP se da en un momento en que el país le ha pedido a Petro no desconocer la responsabilidad que el M-19 tuvo en los hechos de la toma del Palacio de Justicia.
Pese a que fue ese grupo insurgente el que hizo ese acto terrorista, el primer mandatario ha publicado múltiples trinos en los cuales asegura que las muertes de los magistrados se deben a tiros del Ejército. El caso ha sido particularmente sensible para la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, quien ese día presentaba su ponencia sobre la exequibilidad del tratado de extradición.
La familia de Gaona lleva años recopilando evidencias judiciales que demuestran que el magistrado fue asesinado por el M-19, y que un guerrillero le disparó en la cabeza a apenas 30 centímetros de distancia, frente a otros rehenes que así lo corroboraron.
Gustavo Petro estaba preso cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia.