El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, le pidió a la Contraloría General de la República que ponga la lupa sobre dos millonarios contratos que comparten el mismo objetivo: el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el genocidio de la Unión Patriótica (UP).
Los dos contratos fueron impulsados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El primero se ejecutó por 2.328 millones de pesos, aunque se proyectó por 3.700 millones de pesos, pero no cumplió el objetivo principal porque el presidente Gustavo Petro no llegó a la cita de reconocimiento por un supuesto cuadro gripal; la plata se le consignó a Plaza Mayor, entidad de la Alcaldía de Medellín.
Así se justificó Petro en su cuenta de X: “He suspendido mi agenda del día de hoy. Los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio. Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica”.
El segundo contrato, por 3.997 millones de pesos, busca repetir el evento con el canal regional de televisión Teleandina, para que asuma actividades de apoyo en la planeación, organización, ejecución y cierre del evento: “Transporte; hospedaje; y alimentación (almuerzos, cenas o refrigerios cuando se requiera); así como la confirmación e información sobre el evento que se va a realizar; suministro de transporte aéreo y/o terrestre según la ciudad de origen de los participantes; transporte local”.
La controversia se ha generado por el gasto de recursos públicos. El concejal Daniel Briceño cuestionó la situación: “El año pasado, por una ‘gripa’, Petro no asistió al evento de reconocimiento de responsabilidad del Estado con la UP. El evento no se realizó, pero los colombianos pagaron 2.328 millones de pesos por la logística que se perdió”.
Briceño, que aspira al Congreso de la República en 2026, le pidió a los entes de control que verifiquen los hechos por el nuevo contrato: “Este año volvieron a contratar por el mismo evento $3.997.805.444. ¿Quién responde por la plata que se perdió? Vamos a acudir a la Contraloría para que investigue”.
En conversación con SEMANA, el concejal de Bogotá alarmó que hubo un aparente daño al patrimonio económico de los colombianos y que debe investigarse: “Aquí hay un evidente detrimento de 2.300 millones de pesos. En Colombia, uno no puede permitir que se pierdan 2.300 millones y no pase absolutamente nada. Aquí se perdieron 2.300 millones por la irresponsabilidad de un presidente, que ni siquiera demostró que tenía gripa ni nada, simplemente no llegó, como no llega a muchos eventos. El incumplimiento de un presidente no puede hacerle perder 2.300 millones de pesos a los ciudadanos”.