El más reciente escándalo de Gustavo Petro ha tenido eco en el Congreso de la República, donde diferentes sectores han pedido a las autoridades que investiguen a fondo el presunto intercambio de favores sexuales por contratos en el Estado.

El señalado es Petro y las alarmas las encendió Deicy Jiménez, la joven que se atrevió a denunciar y a detallar la manera en que, supuestamente, el expresidente le habría entregado contratos a cambio de sexo.

Concejal Sandra Forero denuncia en SEMANA 10 contratos de Deicy Jiménez y pide investigar pagos con recursos públicos

Por esa razón, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, dijo que el silencio de las mujeres del petrismo que se presentan como “feministas” es extraño.

“Yo esperaba llegar acá al Congreso y encontrar un plantón de las feministas, y ondeando el pañuelo verde para solidarizarse con Deicy Jiménez, que fue utilizada por el expresidente Petro, quien la llenó de contratos”, dijo el congresista.

Agregó: “¿Dónde están las feministas? ¿Dónde está el ‘Yo te creo’? Nadie dice nada ahora”.

Según Arizabaleta, si este escándalo se estuviera presentando con un presidente de derecha, las “feministas” del Pacto Histórico “estarían incendiando el país”.

“Les pregunto si de verdad les preocupan las mujeres o si solo quieren defender a Petro, hipócritas. Mientras todo esto ocurre en el país, estuvieron concentradas en la elección de Lula en Brasil”, finalizó.

Por su parte, Sandra Forero, concejal de Bogotá, anunció que presentó denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General para que se investiguen 10 contratos de prestación de servicios suscritos por Deicy Jiménez con entidades del Estado entre 2021 y 2026.

En entrevista con SEMANA, la cabildante explicó que, junto con su equipo de trabajo, revisó la información pública de contratación relacionada con Jiménez, quien recientemente reveló presuntos hechos ocurridos durante la época en que Petro fue senador y posteriormente presidente de Colombia.

Según Forero, siete contratos fueron suscritos con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. Todos tendrían como objeto contractual el apoyo a la gestión.

Uno de los hallazgos que llamaron la atención de la concejal es un contrato con el Ministerio del Interior por 30.457.000 pesos, que figura como vigente entre el 30 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la información expuesta por Forero, el contrato corresponde a labores de apoyo a la gestión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, específicamente en la consolidación de informes.