Sandra Forero, concejal de Bogotá, anunció que presentó denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General para que se investiguen 10 contratos de prestación de servicios suscritos por Deicy Jiménez con entidades del Estado entre 2021 y 2026.
En entrevista con SEMANA, la cabildante explicó que, junto con su equipo de trabajo, revisó la información pública de contratación relacionada con Jiménez, quien recientemente reveló presuntos hechos ocurridos durante la época en que Gustavo Petro fue senador y posteriormente presidente de Colombia.
Según Forero, siete contratos fueron suscritos con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. Todos tendrían como objeto contractual el apoyo a la gestión.
Uno de los hallazgos que llamaron la atención de la concejal es un contrato con el Ministerio del Interior por 30.457.000 pesos, que figura como vigente entre el 30 de enero y el 31 de diciembre de 2026.
De acuerdo con la información expuesta por Forero, el contrato corresponde a labores de apoyo a la gestión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, específicamente en la consolidación de informes.
La concejal también señaló que encontró cuentas de cobro hasta mayo de 2026 y planteó la necesidad de establecer qué actividades se realizaron, qué informes se entregaron y quiénes autorizaron los pagos.
“¿Quién estaba detrás de esto?, ¿quién avaló los pagos?, ¿quién revisó los informes?, ¿hubo informes o no los hubo?”, cuestionó.
Forero aclaró que su intención es que las autoridades verifiquen la información y determinen si hubo irregularidades. Por eso, solicitó la intervención de los organismos de control, que podrán requerir los expedientes completos y establecer si existen responsabilidades disciplinarias o fiscales.
La cabildante también pidió garantías de seguridad para Jiménez y otras posibles denunciantes. Advirtió que la exposición de datos personales puede intimidar a quienes consideren contar sus testimonios.
“Lo más importante es proteger a esta persona, a esta mujer”, afirmó, al insistir en que las denuncias deben traducirse en investigaciones y resultados.
Finalmente, Forero sostuvo que los recursos públicos deben ser objeto de especial vigilancia y pidió esclarecer los hechos denunciados, sin que ello implique anticipar conclusiones sobre responsabilidades que deberán establecer las autoridades competentes.