El vicepresidente José Manuel Restrepo salió en defensa de El libro de la verdad, un documento que ha generado controversia política tras exponer una serie de contratos, movimientos administrativos y presuntos casos de irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.
A través de una publicación en su cuenta de X, Restrepo aseguró que era “previsible” que el informe provocara debate, debido a los cuestionamientos que plantea sobre el estado en que la actual administración habría recibido diferentes entidades y procesos del Estado.
“Era previsible que El libro de la verdad generara incomodidad y controversia. Hay sectores interesados en sostener la narrativa de que el Estado que recibimos no tenía los problemas que realmente encontramos”, escribió el vicepresidente.
Afirmó que la respuesta institucional no será mediante enfrentamientos políticos, sino a través de la revisión de documentos y evidencias.
Restrepo insistió en que el documento no busca convertirse en una condena ni reemplazar el papel de los organismos judiciales. Según explicó, su objetivo es servir como base documental para que las autoridades competentes analicen la información recopilada y determinen las acciones correspondientes.
“El libro ya cumplió una primera función: poner bajo escrutinio institucional lo que encontramos”, manifestó el vicepresidente, quien defendió el proceso de elaboración del informe. Aseveró que fue construido bajo criterios de documentación, verificación y entrega de información.
La publicación de Restrepo ocurre en medio del debate generado por las revelaciones del informe, que menciona contratos millonarios, decisiones administrativas y 23 casos de presunta corrupción que estarían siendo revisados.
El documento ha provocado reacciones de sectores políticos, algunos de los cuales cuestionan su alcance, mientras otros consideran necesario investigar los hechos señalados.
El vicepresidente planteó que el propósito final de El libro de la verdad es contribuir a una discusión sobre la transparencia y el funcionamiento del Estado.
“No es una sentencia”, enfatizó, al tiempo que aseguró que el Gobierno busca recuperar capacidades institucionales y promover un manejo más eficiente de los recursos públicos.