SEMANA conoció el contenido de El libro de la verdad, el documento de 135 páginas que el presidente Abelardo De La Espriella les entregó a las autoridades para denunciar presuntos actos de corrupción y distintas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.
El presidente De La Espriella aclaró que “su propósito no es el de sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas”, dado que esa es tarea de las autoridades.
Y aseguró que para aproximarse a los datos hubo obstáculos impuestos por parte del gobierno saliente, con el fin de impedir el acceso a “información robusta y verificable”.
De esa forma, obtuvieron la información a través de fuentes públicas, como Secop, y derechos de petición, junto con información entregada voluntariamente por funcionarios.
De acuerdo con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, son un total de 126 casos recibidos y priorizados de comportamientos “que pusieron en riesgo la estabilidad de la función pública”, de los cuales terminaron priorizando 59.
El documento lista nueve comportamientos críticos: “Destrucción del rigor técnico; colapso de la capacidad tecnológica; opacidad y distorsión de la información pública; parálisis operativa; captura contractual y concentración del poder operativo; expansión del riesgo litigioso; pérdida del control territorial frente a economías criminales; fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica, y capacidad fiscal restringida (comportamiento transversal)”.
Igualmente, se expusieron 23 casos de presunta corrupción durante la administración anterior, identificadas por el Equipo Élite Anticorrupción de De La Espriella.
Dichos 23 casos atraviesan buena parte del Estado e involucran, entre otras entidades, al Dapre, Essmar, Cenit, Fenoge, Electrohuila, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la UNP, Fontur, Codaltec, la SAE, Canal Trece, el ICBF, FonIgualdad, la Cancillería y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
También aparecen bajo la lupa procesos administrados por Colombia Compra Eficiente y el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Estas son las irregularidades y presuntos actos de corrupción, sector por sector:
Agricultura y Desarrollo Rural
El sector de tierras concentra tres de los 23 casos de presunta corrupción. El más grave involucra la reforma agraria, dado que, según el documento, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó cerca de un billón de pesos para adquirir 537 predios de la SAE, pero únicamente tres habían sido debidamente titulados.
Ante el posible riesgo para los recursos públicos, el Equipo Élite Anticorrupción presentó una denuncia penal, promovió una acción fiscal y preparó una queja disciplinaria.
También quedó bajo la lupa un convenio de hasta 17.003 millones de pesos entre la ANT y Canal Trece para organizar eventos de la reforma agraria, cuya operación habría sido subcontratada en su totalidad y presentaría posibles sobrecostos y dudas sobre la trazabilidad de algunos pagos.
A esto se suma la decisión de la Agencia de Desarrollo Rural de habilitar el sábado 8 de agosto para adelantar actuaciones contractuales, hecho por el que se presentó una denuncia penal por presunto prevaricato por acción.
Defensa Nacional
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, asegura que recibió “una Fuerza Pública con las alas cortadas”.
Según el documento, el Ejército enfrenta un déficit presupuestal de 14 billones de pesos; solo ocho de sus 19 helicópteros MI-17 están operacionales y 18 de los 49 UH-60 permanecen fuera de servicio.
En la Fuerza Aeroespacial, 131 de 386 aeronaves no están operacionales y apenas el 52 % está disponible para volar. Por otro lado, la Policía Nacional tiene un faltante de 1,7 billones de pesos para cubrir sus gastos de personal.
A esto se suman las dudas sobre el Escudo Nacional Antidrones, proyectado por más de 6,3 billones de pesos, y un contrato de CODALTEC por cerca de 60.300 millones de pesos presentó discrepancias en los costos y fallas técnicas en los sistemas adquiridos. El Equipo Élite presentó una denuncia penal, promovió una queja disciplinaria y dejó preparada una acción fiscal.
Salud
La ministra de Salud, Ana María Vesga, asegura que recibió un sistema en crisis. Ocho EPS habían sido intervenidas y, a julio de 2026, seis seguían bajo esa medida sin mejoras estructurales.
La cartera neta de las IPS frente a las EPS activas pasó de 15,24 a 40,20 billones de pesos entre diciembre de 2022 y junio de 2026, un aumento del 164 %. Además, de los 16,1 billones asignados por la cartera, solo se había legalizado el 28,3 %.
Entre los casos bajo la lupa está un acuerdo marco de medicamentos por tres billones de pesos, administrado por Colombia Compra Eficiente, en el que se advirtieron presuntas irregularidades.
También aparece el Hospital San Juan de Dios, que tenía 39 funcionarios, una nómina mensual cercana a 343 millones de pesos y proyectaba vincular hasta 1.686 servidores, pese a que todavía no atendía pacientes. Este último caso fue trasladado a la Procuraduría y la Contraloría.
Minas y Energía
María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, asegura que recibió debilitadas la estabilidad institucional y las señales de inversión. Colombia pasó de un superávit de energía firme cercano al 2 % en 2022 a un déficit del 4,4 % en 2026; solo entró en operación el 15,5 % de la nueva generación esperada y las reservas probadas de gas quedaron reducidas a 5,9 años.
Este sector concentra tres casos de presunta corrupción. En CENIT se cuestiona un contrato de 23.663 millones de pesos otorgado a una sociedad con un capital de 117 millones. En FENOGE, presuntos cambios de reglas durante un proceso por 165.492 millones llevaron a la suspensión de su director, y en Electrohuila se modificaron los estatutos para convertir la gerencia en un cargo de período fijo.
Relaciones Exteriores
Según el documento, en el Ministerio de Relaciones Exteriores la red diplomática creció, pero no su capacidad para atender a los colombianos. El balance del canciller Omar Bula señala que se abrieron 11 embajadas y 10 consulados, mientras el Fondo Rotatorio quedó con un déficit de 168.425 millones de pesos. Sin la adición solicitada a Hacienda, la Cancillería no tendría recursos para sostener sus sedes desde agosto de 2026.
Entre los 23 casos aparece la apertura de una sede consular en Monterrey que no prestaba atención al público y las inversiones realizadas en Estambul, consideradas desproporcionadas frente al número de beneficiarios.
Inclusión Social y Reconciliación
Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social, afirma que recibió el sector con el presupuesto de Colombia Mayor agotado desde julio. Los cinco pagos pendientes, destinados a cerca de tres millones de personas mayores en condición de pobreza, cuestan alrededor de 630.000 millones de pesos mensuales y quedaron sin respaldo presupuestal.
Entre los 23 casos aparece el ICBF, donde se expidieron 66 nombramientos en provisionalidad en solo siete días. Las resoluciones tenían motivaciones prácticamente idénticas y no explicaban la evaluación de cada hoja de vida.
Transporte
En Transporte, la ejecución de la inversión cayó del 76,5 % en 2023 al 37,3 % en 2025. Según el balance de la ministra Elsa Noguera, de los 12,13 billones de pesos disponibles ese año solo se ejecutaron 4,52 billones, por lo que más de 7,6 billones dejaron de convertirse en infraestructura.
Entre los 23 casos aparece Caminos Comunitarios para la Paz, que comprometió más de 612.000 millones de pesos con juntas de acción comunal. En Antioquia, seis convenios por 2.289 millones registraban una ejecución presupuestal del 100 %, pero las obras estaban suspendidas y tenían un avance físico del 0 %.
Ciencia
Claudia Benavides, ministra de Ciencia, asegura que recibió la cartera en “parálisis estructural”. De los 3,8 billones de pesos en regalías para el bienio 2025-2026, durante 2026 se radicaron 407 proyectos y solo uno fue aprobado; además, la ejecución histórica de caja se encontraba por debajo del 7 %.
Entre los 23 casos aparece una sesión del OCAD convocada para el 6 de agosto, un día antes del cambio de Gobierno, en la que se definirían proyectos por cerca de 900.000 millones de pesos. El Equipo Élite solicitó vigilancia preventiva y la Procuraduría pidió suspender la sesión, que finalmente no tuvo quórum.
Comercio, Industria y Turismo
En Comercio, Industria y Turismo, el ministro Mauricio Gómez Amín reporta 11.245 contratos por 5,81 billones de pesos pendientes de liquidación.
Entre los casos bajo la lupa está un proyecto de Fontur que pasó de 68.500 a 127.700 millones de pesos, así como ASOMUFFAA, organización intervenida por presunta captación ilegal que habría recibido más de 160.000 millones de 7.500 familias.
Dapre
En la Presidencia, Carlos Andrés Ríos, director del Dapre, reporta que el sector recibió apropiaciones por 18,4 billones de pesos entre 2022 y 2026, pero solo pagó 2,7 billones, una ejecución del 15,1 %.
Entre los 23 casos aparece una resolución que habilitó nueve sábados, domingos y festivos para adelantar actuaciones contractuales antes del cambio de Gobierno. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la medida al advertir que podía reducir los tiempos de participación de los interesados.
Vivienda
En Vivienda, Ciudad y Territorio, el ministro Jaime Andrés Beltrán reporta que Fonvivienda tenía comprometidos 1,4 billones de pesos, pero apenas el 15,11 % se había formalizado como pago exigible.
Entre los 23 casos aparece una planta desalinizadora de ESSMAR para Santa Marta por cerca de 786.000 millones de pesos, cuyo proceso presentó dudas sobre los estudios previos, las condiciones técnicas y posibles cambios frente al proyecto original. La Procuraduría solicitó suspender provisionalmente la contratación.
TIC
Alexandra Falla, ministra de las TIC, afirma que recibió un sector rezagado. De los 63 Centros PotencIA planeados, el avance físico era de apenas el 2,09 %.
Entre los 23 casos aparece un proceso de ciberseguridad estimado en 300.000 millones de pesos que figuraba en Secop II con presupuesto de cero pesos y presentaba posibles restricciones a la competencia.
Interior
En el sector Interior, Rodrigo Lara advierte que los recursos para escoltas, vehículos, dotación y viáticos de la UNP, equivalentes al 80 % de su presupuesto, se agotarían entre agosto y septiembre de 2026, cuando vencen cuatro contratos de protección. Entre los 23 casos aparece un proceso por más de 78.000 millones de pesos para atender solo dos de las diez zonas del país.
Hacienda
En Hacienda, el ministro Miguel Gómez reporta que la caja en pesos cayó a 16 billones, frente a un promedio histórico de entre 30 y 40 billones, y podría cerrar 2026 en 7,1 billones.
Entre los 23 casos aparece Meprecol, sociedad administrada por la SAE, donde se detectaron retiros en efectivo poco después de desembolsos para comprar oro y transferencias relacionadas con una cooperativa posteriormente afectada por extinción de dominio.
Igualdad
Mientras el Ministerio de Igualdad se preparaba para su liquidación, Fonigualdad continuó adelantando procesos contractuales por más de 68.000 millones de pesos.
Entre los contratistas figuraban la Corporación Prosperitas y TSG The IT Experts, esta última vinculada a otras entidades del Gobierno. El Gobierno trasladó el caso a la Procuraduría para que evaluara la legalidad, pertinencia y justificación de esos compromisos.
Justicia
El ministro Iván Cancino reporta que el 41,4 % de los reclusos duerme en el piso y que las obras carcelarias suspendidas dejaron un presunto detrimento superior a 82.700 millones de pesos.
Entre los 23 casos aparecen 48 procesos contractuales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por más de 4.000 millones. Ante el cambio de Gobierno, se pidió aplazar las decisiones y solicitar acompañamiento de los organismos de control.
Ambiente
Fabio Arjona, ministro de Ambiente, reporta que Colombia perdió más de 435.000 hectáreas de bosque entre 2022 y 2025, mientras los contratos directos de prestación de servicios en la cartera pasaron de 142 a 1.199.
Entre los 23 casos aparece el páramo de Santurbán, cuya nueva delimitación seguía pendiente nueve años después de la orden de la Corte Constitucional. El empalme presentó una queja disciplinaria y la Procuraduría abrió expedientes contra las exministras Susana Muhamad e Irene Vélez.