SEMANA conoció el contenido de El libro de la verdad, el documento de 135 páginas que el presidente Abelardo De La Espriella les entregó a las autoridades para denunciar presuntos actos de corrupción y distintas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.
El presidente De La Espriella aclaró que “su propósito no es el de sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni convertir los hallazgos en condenas”, dado que esa es tarea de las autoridades.
Y aseguró que para aproximarse a los datos hubo obstáculos impuestos por parte del gobierno saliente, con el fin de impedir el acceso a “información robusta y verificable”.
De esa forma, obtuvieron la información a través de fuentes públicas, como Secop, y derechos de petición, junto con información entregada voluntariamente por funcionarios.
De acuerdo con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, son un total de 126 casos recibidos y priorizados de comportamientos “que pusieron en riesgo la estabilidad de la función pública”, de los cuales terminaron priorizando 59.
El documento lista nueve comportamientos críticos: “Destrucción del rigor técnico; colapso de la capacidad tecnológica; opacidad y distorsión de la información pública; parálisis operativa; captura contractual y concentración del poder operativo; expansión del riesgo litigioso; pérdida del control territorial frente a economías criminales; fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica, y capacidad fiscal restringida (comportamiento transversal)”.
Igualmente, se expusieron 23 casos de presunta corrupción durante la administración anterior, identificadas por el Equipo Élite Anticorrupción de De La Espriella.
Dichos 23 casos atraviesan buena parte del Estado e involucran, entre otras entidades, al Dapre, Essmar, Cenit, Fenoge, Electrohuila, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la UNP, Fontur, Codaltec, la SAE, Canal Trece, el ICBF, FonIgualdad, la Cancillería y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
También aparecen bajo la lupa procesos administrados por Colombia Compra Eficiente y el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los casos de presunta corrupción
Uno de los casos más impactantes es el número ocho, relacionado con la reforma agraria. El documento denuncia que varios predios fueron pagados antes de concluir su transferencia y registro a favor de la Nación.
Las operaciones se realizaron mediante un convenio marco y contratos interadministrativos entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Se desembolsaron $ 979.003 millones para adquirir 537 predios, pero “únicamente tres habían sido debidamente titularizados”.
El Equipo Élite Anticorrupción presentó una denuncia penal, promovió una acción fiscal y preparó una queja disciplinaria para que se determinen las eventuales responsabilidades.
Otro de los casos involucra al OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, que convocó una sesión para el 6 de agosto de 2026, apenas un día antes del cambio de Gobierno.
En la reunión estaba prevista la definición de proyectos financiados con recursos cercanos a los $ 900.000 millones. El Equipo Élite solicitó la intervención preventiva de la Procuraduría para vigilar la destinación de ese recurso.
El organismo de control pidió suspender la sesión antes de que se tomaran decisiones. Según el documento, la reunión finalmente no tuvo cuórum.
El Dapre también quedó bajo la lupa por expedir la Resolución 478 del 6 de julio de 2026, que declaró hábiles varios sábados, domingos y festivos para adelantar actuaciones contractuales, administrativas y presupuestales antes del cambio de Gobierno.
El Equipo Élite demandó el acto ante el Consejo de Estado, que el 28 de julio suspendió provisionalmente sus efectos. El tribunal advirtió que la medida podía reducir los tiempos para presentar observaciones, ofertas y reclamaciones dentro de los procesos.
Entre los más graves aparece la contratación de una planta desalinizadora para Santa Marta por cerca de $ 786.000 millones, iniciada pocas semanas antes de terminar el Gobierno Petro. Ante las dudas sobre los estudios, los costos y las condiciones técnicas, la Procuraduría solicitó suspender provisionalmente el proceso de Essmar mientras adelantaba su revisión.
También sobresale un proceso de Colombia Compra Eficiente para adquirir servicios de ciberseguridad por cerca de $ 300.000 millones, que avanzaba durante las últimas semanas del gobierno Petro, pero aparecía registrado en Secop II con un presupuesto de cero pesos.
Tras las alertas del Equipo Élite y una queja disciplinaria, la entidad suspendió la contratación antes de adjudicarla.
El documento también pone bajo la lupa procesos de ciberseguridad, contratos de Cenit, Fenoge y Fontur, operaciones de compra de oro sin suficiente trazabilidad, intermediaciones de Canal Trece y 66 nombramientos provisionales realizados por el ICBF en apenas siete días. Varios de esos casos fueron trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.