Un grupo de más de 70 abogados y juristas, conocidos como el Grupo de los 38, se pronunció sobre el momento judicial que atraviesa el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y pidió que las decisiones que están por tomarse se hagan sin presiones políticas ni mediáticas.

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Este es el comunicado del grupo de los 38. Foto: Grupo de los 38

En un comunicado publicado el jueves 22 de enero, el colectivo recordó que tanto la Fiscalía General de la Nación como las víctimas del caso presentaron recursos de casación, un mecanismo legal que busca que una instancia superior revise si una decisión judicial se ajustó o no a la ley.

Ahora, explicaron, le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidir si esos recursos cumplen los requisitos para ser estudiados.

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Álvaro Uribe Vélez tiene casos abiertos. Foto: COLPRENSA

Los juristas insistieron en que esta etapa del proceso debe resolverse con base únicamente en los argumentos jurídicos y las pruebas del expediente, y no por el ruido externo que rodea el caso.

Para el Grupo de los 38, la independencia de los jueces es clave para que el sistema de justicia funcione y para que la ciudadanía pueda confiar en sus decisiones.

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Tribunal de Bogotá falló, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez. Foto: Semana, captura de video

El pronunciamiento también hace un llamado a la opinión pública a entender que esta es la instancia judicial encargada de cerrar de manera definitiva la controversia, y que el fallo que adopte la Corte debe ser respetado, más allá de las posiciones políticas o personales que existan alrededor del expresidente.

Finalmente, el grupo señaló que, según su lectura del marco legal, los recursos presentados no cumplirían completamente con los requisitos exigidos para que la Corte los admita.

Uribe Vélez es el líder del Centro Democrático. Foto: COLPRENSA

No obstante, aclararon que esa valoración le corresponde exclusivamente a los magistrados, quienes deberán analizar el caso con rigor, autonomía y sin interferencias externas.

Para los firmantes, respetar los canales institucionales y las decisiones judiciales es una condición indispensable para fortalecer el Estado de derecho y preservar la confianza ciudadana en la justicia.