La defensora del Pueblo, Iris Marín, en entrevista con SEMANA, manifestó que la entidad que lidera no tiene pruebas que adviertan de un fraude electoral para las contiendas de este 2026, como sí lo ha sugerido el presidente Gustavo Petro.
Además, la funcionaria advirtió de los riesgos que hay en algunas regiones por cuenta de las operaciones de grupos armados ilegales. Las zonas que generan mayor preocupación son Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó y Cauca.
SEMANA: El presidente Gustavo Petro manifestó ante la opinión pública que podría materializarse un fraude electoral en Colombia, de cara a las dos contiendas de 2026. ¿La Defensoría del Pueblo ha identificado el mismo riesgo?
Iris Marín (I.M.): Nosotros no tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo. Creemos que toda preocupación que haya sobre el sistema electoral debe ser abordada por nuestras instituciones de una manera articulada, sopesada, con mucha calma; sin alarmismos, sin ser incendiarios y confiar en que, así como en el pasado este tipo de riesgo electoral fueron resueltas por las instituciones, en este caso también lo podremos hacer de existir algún tipo de situación que deba verificarse.
SEMANA: ¿Cree que el presidente Gustavo Petro, con sus declaraciones, le hace daño al proceso electoral?
I.M.: Nuestro llamado es a la confianza en los mecanismos institucionales para resolver estos temas, bajarle el tono. Es un llamado a la calma, de no generar una disputa institucional de alto nivel. En este momento, el país necesita tener la serenidad de que las instituciones trabajamos articuladamente para resolver las inquietudes que existan, para llevarlas por los canales democráticos. Hemos llamado a un compromiso por unas elecciones libres y en paz.
Aquí no se trata de decir que no se puede hacer denuncias, no se puede presentar quejas o inquietudes, sino confiar en que estas deben ser presentadas en las instancias específicas y poder garantizar que las autoridades puedan resolverlas dentro de sus competencias.
SEMANA: ¿Qué efecto podría tener en la ciudadanía las declaraciones del presidente Gustavo Petro?
I.M.: Es importante que el presidente y todas las autoridades contribuyan en la forma como se refieren a los hechos para evitar que se genere un pánico e incertidumbre generalizada sobre los resultados electorales. No tenemos elementos objetivos para generar un pánico generalizado sobre los resultados. Lo que sí tenemos es la obligación de que el registrador y la Registraduría, como lo ha hecho hasta el momento, puedan dar las explicaciones, la pedagogía, atender las inquietudes. De lo contrario, sí se va a generar una duda sobre los resultados que se den; eso no es bueno para la estabilidad institucional.
SEMANA: En otros temas, los grupos armados ilegales están cumpliendo funciones del Estado en estas elecciones, ¿cuáles son?
I.M.: Es lo que nosotros llamamos gobernanza criminal. Esa gobernanza implica controles que van desde la movilidad, desde los comportamientos, resolución de conflictos que tienen diferentes escalas, niveles. Vemos, por ejemplo, retenes dentro de ciertas zonas, reglas de comportamiento, sobre horarios; en materia electoral, también control de contenido de las campañas, de circulación de ciertas candidaturas, inclusive, regulaciones sobre las vallas que se pueden poner, presiones de los grupos armados a la población civil sobre por quién votar. Incidencia también en el tema de inscripción de cédulas. También vemos comportamientos anormales de inscripción de cédulas en ciertos municipios del país.
SEMANA: ¿Cuáles son las regiones del país hoy con mayores riesgos electorales?
I.M.: La región de mayor criticidad es el suroccidente, que son los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y parte del Chocó. También está es crítico Norte de Santander y, particularmente, el Catatumbo, también el sur de Bolívar y el Magdalena Medio. El también en Caquetá y Putumayo hay varios municipios que requieren acción inmediata. También algunos municipios del departamento de Arauca están en situación crítica.
Sin embargo, hay que decir que hay unos riesgos también importantes que son diferentes, pero que también existen en entornos urbanos, no es solo regiones donde hay un dominio muy alto de los grupos armados, sino, por ejemplo, en distritos como Bogotá, Barranquilla o Medellín encontramos cierta interferencia de grupos armados.
SEMANA: ¿Los partidos declarados en oposición al Gobierno nacional hoy enfrentan mayores riesgos?
I.M.: Nosotros no observamos una dinámica en ese sentido que pueda decirse que es una tendencia. De hecho, los grupos armados ilegales su interés es, sobre todo, el del control territorial y el control poblacional para mantener sus economías. En ese sentido, no necesariamente vemos que lo hagan por una razón ideológica, sino más por una razón de control territorial y poblacional.
Eso, en determinados lugares, puede constituirse en una persecución en contra de sectores de izquierda, como por ejemplo acá en Bogotá; por ejemplo en Bolívar, Cauca, son prohibiciones de tránsito a candidaturas de derecha. Entonces, vemos que sí se pueden reflejar en ciertos grupos.
SEMANA: ¿Cuáles son las recomendaciones que da la Defensoría del Pueblo a la institucionalidad para atender los riesgos de los comicios de este año?
I.M.: Lo primero es articular la respuesta estatal, teniendo en cuenta la priorización que hemos sugerido en la alerta, donde hay 69 municipios que requieren una acción inmediata, y luego un grupo de municipios que requieren acción urgente o acción prioritaria, que dan en total unos 670 municipios.
Lo segundo. Tenemos eh recomendaciones en varios ámbitos; uno, el respaldo a las organizaciones políticas, el tema de financiación (es crucial que se paguen cuanto antes los anticipos, especialmente a las curules de paz que no tienen pues una organización política detrás que pueda respaldar su financiación).
También la coordinación del Ministerio del Interior es fundamental, es en uno de los puntos en los que más vacíos vemos en prevención y protección por parte de la Unidad Nacional de Protección; también el tema de judicialización es clave, no solo antes, sino durante y después de las elecciones, recibir y tramitar todas las denuncias que pueda existir para evitar que se consoliden candidaturas que cuenten directa o indirectamente con el respaldo de grupos armados. También todo el tema de la fuerza pública que fue uno de los sectores con mejor respuesta a las recomendaciones, pero se necesita una presencia.