La aprobación de $634,9 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2027 apenas cerró el primer capítulo de una discusión que ahora entra en su fase más compleja. El Gobierno tendrá que definir cómo distribuir los recursos y qué partidas deberán ser reajustadas en medio de la presión por reducir el gasto.
El propio Gobierno reconoce que habrá un ajuste. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la aprobación del monto no constituye un cheque en blanco y anticipó que todas las entidades tendrán que revisar sus gastos.
“Todas las entidades del Gobierno nacional están en proceso de ajuste del gasto”, señaló Lara, quien además anunció que se presentará una propuesta de recorte sobre el presupuesto actualmente en discusión. “Sacrificaremos la grasa y la burocracia. Privilegiaremos la inversión y el trabajo de quien trabaja”, dijo.
Un día antes, ante las comisiones económicas, el ministro había sido todavía más explícito: Gobierno y Congreso deberán trabajar “para hacer un recorte al gasto importante en los próximos dos meses”.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, también defendió ante el Congreso la capacidad del Gobierno para sacar adelante su agenda fiscal. “Frente al nerviosismo, quiero ser claro: este Gobierno tiene capacidad de hacer en el Congreso”, afirmó.
Las primeras advertencias ya están sobre la mesa
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, alertó este martes ante la Comisión Primera del Senado que el presupuesto actual de la Fiscalía, superior a $6,7 billones, solo permitiría garantizar el funcionamiento de la entidad durante la primera mitad de 2027. La cifra está por debajo de las necesidades calculadas por la entidad, que para 2026 estimó requerimientos cercanos a $8,7 billones.
Camargo explicó además que la Fiscalía mantiene una presencia territorial inferior a la que considera necesaria: actualmente cubre menos de 500 municipios, mientras que sus cálculos apuntan a una cobertura de 780.
“Nosotros ya veníamos con un presupuesto deficitario. Nosotros tenemos una presencia territorial que no alcanza para 500 municipios cuando deberíamos estar al menos, y de acuerdo con nuestros cálculos, en 780 municipios. Esa es nuestra aspiración”, afirmó.
El otro llamado de atención provino de la Jurisdicción Especial para la Paz. Su presidente, Alejandro Ramelli, explicó que la JEP solicitó inicialmente $947.642 millones para 2027, pero el monto incluido en el proyecto fue de $821.000 millones, lo que representa una diferencia de más de $125.000 millones.
“El tema del presupuesto es dramático”, dijo Ramelli ante los congresistas. El magistrado explicó que los recursos no corresponden únicamente a la magistratura, sino a las funciones que cumplen la Secretaría, la Magistratura y la Unidad de Investigación y Acusación.
Ramelli advirtió que el eventual recorte llega precisamente cuando la JEP avanza hacia el cierre de investigaciones y la culminación de imputaciones. Según explicó, una reducción de esos recursos generaría dificultades para cerrar investigaciones, monitorear sentencias y avanzar en los procesos de las víctimas.
A este panorama se suma la discusión sobre otros sectores, entre ellos, el deporte, que enfrenta una reducción proyectada cercana al 40 %, y la propuesta del Centro Democrático de recortar $40 billones del gasto de funcionamiento del Estado.
La discusión, por tanto, cambia de escenario. El monto general ya está aprobado; ahora comienza la hora cero de las partidas. El reto para el Gobierno será demostrar dónde estará la tijera y cómo hará los ajustes sin comprometer el funcionamiento de entidades que ya advierten sobre faltantes para 2027.