Aunque las autoridades han luchado históricamente contra la extorsión y el delito ha tenido una disminución por el gran trabajo que se ha hecho con la ciudadanía, la preocupación persiste porque desde las cárceles de Colombia esta práctica continúa de manera sistemática.
Las autoridades le confirmaron a SEMANA que, en lo corrido de 2026, el delito de la extorsión ha tenido una reducción del 4 por ciento, pero que la preocupación está en los centros carcelarios porque desde allí se cometen el 45 por ciento de dichas actividades ilegales a través de llamadas anónimas.
Para esta actividad delictiva se usan Sim Card o e-SIM que se pueden adquirir sin problema alguno a lo largo del territorio nacional. Aunque las autoridades hacen hasta lo imposible para acabar con este delito, la realidad es que el uso de esos chips sin registro alguno, hace casi que imposible seguir la pista a los delincuentes.
Por esa razón, hay un interés general en que el proyecto de ley que busca regular la adquisición y venta de las tarjetas SIM en Colombia avance en su segundo debate en la Cámara de Representantes y siga con su trámite en el Senado.
Diferentes sectores políticos coinciden en que se requiere esta norma para que las autoridades puedan seguir combatiendo la extorsión con más herramientas.
El autor de este proyecto es el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, quien explicó que en los últimos tres años la extorsión desde las cárceles viene en aumento, justamente porque se hace uso de Sim Card sin registro alguno.
“En las regiones la situación empeora, en el departamento del Huila, en el primer semestre del 2024 se reportó un incremento del 281 % respecto al mismo periodo del año anterior, afectando principalmente a comerciantes, empresarios y ciudadanos de a pie”, manifestó el congresista.
La adquisición sin control de las tarjetas SIM sería beneficioso para los delincuentes, dado que dificulta el rastreo de llamadas. De esta forma, el proyecto busca hacer que los compradores entreguen una identificación biométrica, de huellas dactilares o rostro.
Además, busca crear alertas, con el fin de que los usuarios sean notificados cuando una llamada provenga de un centro penitenciario.
Si el proyecto fuera aprobado, quienes quieran comprar a activar una línea telefónica en prepago deberán presentar toda su documentación, registrar las huellas digitales y se aplicaría para la venta en puntos físicos y virtuales.
De esta manera se acabaría con el anonimato telefónico que existe actualmente y cada quien respondería por el uso que se le de a esa Sim Card. Como la tarjeta tendrá un responsable, en caso de robo, se deberá reportar para evitar inconvenientes.
Congresistas han manifestado que también se debería crear un registro nacional unificado para que la Fiscalía General de la Nación pueda acceder a esos registros y dar con las personas que usen líneas celulares para extorsiones. Además, el Ministerio de las TIC sería el responsable de que las empresas de telefonía celular cumplan con lo eventualmente aprobado y las líneas telefónicas se entreguen bajo todas las nuevas condiciones.
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, dijo sobre este tema que la extorsión digital representa una amenaza real, pero que se está trabajando fuertemente para acabar con estos grupos criminales. “Cuando fui director del Galla, a través de un senador, se presentó un proyecto de ley para regular este tema de las SIM Card porque es urgente que se haga eso, así como se hace en otros lugares del mundo”, dijo el oficial.
Por esa razón, la Policía Nacional, la Fiscalía y demás autoridades están de acuerdo con este proyecto de ley avance y sea una herramienta para poder luchar contra este delito.
El general aseguró que ese fenómeno se debe atacar porque los delincuentes saben que a través de esas tarjetas telefónicas pueden hacer sus actividades y por eso cambian de Sim Card constantemente.
Así mismo, la dirección de la Policía Nacional y la dirección antisecuestro de la institución han hecho llamados para que se legisle en esa materia.
El trabajo de las autoridades ha logrado evitar pagos en extorsiones por unos 18 mil millones de pesos, ya que a través de la línea 165 se brinda asesoría en tiempo real para que las víctimas no paguen a los delincuentes. Así mismo, a través de ese número se pueden activar los canales para que las autoridades luchen contra estos delincuentes.